Cuando parecía que el caso del vertedero de Zaldibar ya estaba cerrado, arroja nuevos contratiempos. La exalcaldesa de la localidad vizcaína ha sido imputada por delitos vinculados al vertedero. Si bien es cierto, que el Gobierno vasco lleva desde entonces pidiendo resolver cuanto antes los procesos judiciales vinculados al caso.
La sección civil y de instrucción del tribunal de Instancia de Durango investiga a Arantza Baigorri por un posible delito urbanístico en torno a la gestión del vertedero de Zaldibar en su gestión anterior al fallecimiento de dos operarios de la instalación —Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze—, en el derrumbe de 2020. A raíz de este suceso, el vertedero fue cerrado en 2020, y Baigorri deberá declarar en el marco de la investigación.
Hasta la fecha, por los hechos que se dieron, dos responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del vertedero, han sido condenados por delitos de homicidio por imprudencia grave.
Homenaje a los dos trabajadores fallecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar en una imagen de archivo
Responsabilidades penales
Eso sí, aún queda pendiente determinar las responsabilidades penales por un posible delito contra el medioambiente relacionado con la gestión del vertedero.
Se trata de la investigación la alcaldesa de la localidad vizcaína quien abandonó su cargo en 2018, pero según un auto dictado por la magistrada Laura Yuste el pasado noviembre, se podría ver involucrada en un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con cuestiones urbanísticas.
En esta misma línea tendrán que declarar no solo la exalcaldesa, sino otras ocho personas que están citadas tras las investigaciones realizadas por la sección de Medioambiente de la Ertzaintza en mayo, junio y julio de este año.
Trabajos en el vertedero de Zaldibar en una imagen de archivo
Procedimiento judicial
El procedimiento judicial, que declara expresamente prescritos los hechos anteriores al año 2015, según recoge Efe, investiga la comisión de varios ilícitos penales relacionados con los artículos 319 y 320 del Código Penal.
No obstante, fuentes del partido gobernante, EH Bildu, han sostenido que las actuaciones del consistorio entre 2011 y 2019 se desarrollaron según a las recomendaciones y criterios que establecieron los técnicos municipales y que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue avalada "sin matices" por la Diputación de Bizkaia.
Por último, desde la formación dirigida por Otegi, aseguran que la exalcaldesa "no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la Alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo".