El partido de Santiago Abascal quiere “paralizar” en el Congreso cualquier movimiento diplomático del Gobierno para otorgar un “estatus privilegiado” a Euskadi y Cataluña en organismos dependientes de Naciones Unidas (ONU). Se trata de uno de los anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo el pasado mes de diciembre, en su rueda de prensa de balance de 2025, en la que se comprometió a que ambas comunidades tengan un estatuto de miembro asociado en organismos como la UNESCO o ONU Turismo.
Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para expresar su rechazo a esta medida, que ya está empezando a ser implementada por la Generalitat de Cataluña. El 26 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, firmaron un acuerdo que permitirá a Cataluña ingresarse en las delegaciones españolas ante la UNESCO —con sede en París— y ONU Turismo —con sede en Madrid—, abriendo así la puerta a que Cataluña obtenga en los próximos meses el estatuto de miembro asociado en ambos organismos.
La formación ultra considera que este acuerdo “introduce un intolerable elemento de insolidaridad y desigualdad entre los territorios que conforman la Nación española, desde el momento en que brinda a dos comunidades autónomas la posibilidad de dotarse de un estatuto del que ni disponen, ni está previsto que dispongan, el resto de regiones”.
Los de Abascal califican estas medidas como un nuevo “peaje a pagar” por Sánchez a sus socios del PNV, Bildu, Junts y ERC. “A nadie se le escapa que el Gobierno de España tratará de amparar este privilegio apelando a la singular personalidad de Cataluña y País Vasco, lo cual carece del más mínimo sustento constitucional —no existen en nuestro país comunidades "de primera" y comunidades "de segunda".
Vox sostiene que la medida presenta una “dudosa constitucionalidad”, al considerar que la pertenencia a organizaciones internacionales forma parte de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, recogida en el artículo 149.1.3 de la Constitución.
La proposición también advierte de un eventual coste diplomático. Según Vox, recabar el respaldo necesario de los Estados miembros para que Cataluña y País Vasco accedan al estatus de miembros asociados exigiría “un notable esfuerzo diplomático”, especialmente en un asunto que podría generar reticencias en países con tensiones territoriales internas. “De modo que solo será plausible merced a cesiones importantes en otros terrenos, o a compromisos que tocará honrar en otros procesos: un precio que España no puede permitirse pagar”, añaden.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha defendido públicamente una proyección internacional más sólida de Euskadi y su presencia en foros y espacios internacionales. El partido sostiene que Euskadi debe tener voz propia en todos los foros internacionales que afecten a su ciudadanía, y propone trabajar en la creación de una red diplomática sólida para Euskadi, así como potenciar su presencia y su cooperación con otros ámbitos, como la Macrorregión Atlántica y la diáspora vasca.