Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, diputada de EAJ-PNV en el Congreso por Bizkaia
El PNV quiere blindar la figura de los gestores de pisos turísticos y amonestaciones para las infracciones leves
La enmienda introduce una regulación específica para aquellos casos en los que quien publica la vivienda en portales como Airbnb no es su propietario directo, sino una empresa gestora o un intermediario
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El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha registrado en el Congreso una enmienda a la Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos para aclarar el papel de los gestores e intermediarios en el alquiler vacacional y reforzar las garantías frente a posibles fraudes.
La enmienda introduce una regulación específica para aquellos casos en los que quien publica la vivienda en portales como Airbnb no es su propietario directo, sino una empresa gestora o un intermediario. La propuesta establece que, cuando el anuncio o la contratación se realicen a través de un gestor que actúe en nombre del titular de la vivienda, deberán constar tanto los datos de dicho gestor como la correspondencia de la licencia con el propietario real.
Además, la plataforma digital estará obligada a verificar que el titular registral ha otorgado autorización expresa al gestor para publicar la vivienda.
Con esta modificación, el PNV busca dejar rastro documental de esa autorización y reforzar la trazabilidad del proceso. Según la justificación de la enmienda, en el contrato final deberán figurar tanto la empresa gestora como el titular último de la vivienda.
Evitar inseguridad jurídica y fraudes
La propuesta parte de una realidad extendida en el sector: muchos propietarios contratan agencias o profesionales para gestionar sus alquileres turísticos, y son estas empresas quienes publican los anuncios en plataformas digitales.
La redacción original de la ley asumía que el “anfitrión” que anuncia la vivienda es también el titular de la licencia, algo que no siempre se cumple cuando existe gestión delegada. Esto podía generar dos problemas: que las plataformas rechazaran anuncios legales por no coincidir anunciante y propietario, o que aceptaran publicaciones sin verificar correctamente el vínculo entre ambos.
La enmienda del PNV pretende resolver esa ambigüedad. Por un lado, protege a los gestores que operan legalmente en nombre de los dueños; por otro, cierra la puerta a posibles abusos, como la publicación de una vivienda sin el consentimiento del titular.
Más control sin invadir competencias
El grupo vasco subraya que la medida no altera el sistema de licencias autonómicas, sino que actúa sobre la responsabilidad en la publicidad y la contratación digital. En este sentido, la modificación encaja con la filosofía general de las enmiendas presentadas por el PNV: reforzar la seguridad jurídica, clarificar responsabilidades y mejorar los mecanismos de verificación, sin alterar el reparto competencial en materia de turismo y vivienda.
De prosperar la propuesta, las plataformas de alquiler turístico deberán implementar mecanismos adicionales de comprobación documental cuando intervengan intermediarios, un paso más en el endurecimiento del control sobre la oferta digital de pisos turísticos.
EL PNV también ha propuesto en sus enmiendas que en los anuncios en los anuncios en plataformas como Airbnb conste el número total de inmuebles de alojamiento ofertados por el o la anfitriona en la plataforma. También, el precio total del arrendamiento, con desglose de los conceptos exigibles (tarifa base, limpieza, comisiones, etc.) y la duración máxima de la estancia o contrato de arrendamiento de temporada ofertado.
Graduar las sanciones
Otra de las enmiendas del grupo vasco propone que ante infracciones leves “cometidas por primera vez” se podrá optar motivadamente por una amonestación o requerimiento previo de subsanación en lugar de multa, “si el infractor corrige la falta de inmediato”.
“Esto introduce flexibilidad”, explican. “Por ejemplo, una start-up local que omitió un dato en un anuncio podría, la primera vez, recibir un aviso formal para corregirlo, en vez de 10.000 € de multa directa (que podría hundirla)”.
El PNV también propone que las sanciones económicas se impondrán teniendo en cuenta, entre otros criterios, “la dimensión económica del infractor y el beneficio ilícito obtenido, de forma que nunca resulte desproporcionada ni impeditiva injustificada de la actividad lícita”.
En su justificación, destacan que esto servirá para que, incluso en infracciones más graves o reincidentes, se gradúe la sanción atendiendo al volumen de negocio: “Así, un gigante global con infracciones graves recibirá una sanción hacia la banda alta, mientras una plataforma pequeña local, por la misma infracción, podría situarse en la banda baja, haciendo que la multa sea igual de disuasoria pero no letal para su subsistencia”.
