El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene, a 9 de febrero de 2026
El PP quiere que Sánchez detalle todos los beneficios penitenciarios concedidos a etarras desde 2021
Los populares vascos se movilizan en el Congreso de los Diputados para denunciar las excarcelaciones
Más información: El PP denuncia que la mayoría de beneficios penitenciarios en Euskadi son para presos de ETA
Noticias relacionadas
El Partido Popular del País Vasco quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare cuántos etarras han obtenido beneficios penitenciarios desde que Euskadi asumió el traspaso de competencias sobre las cárceles vascas, el 1 de octubre de 2021.
Beatriz Álvarez Fanjul, diputada del PP por Bizkaia, y Carmelo Barrio, parlamentario por Álava, han registrado en el Congreso una batería de preguntas con las que quieren que el Ejecutivo central esclarezca la aplicación de beneficios penitenciarios en Euskadi a personas condenadas por terrorismo.
Medidas, como la semilibertad concedida a ‘Txeroki’, exjefe de ETA, y que el PP vincula directamente con los supuestos pactos ocultos de investidura forjados entre el PSOE y EH Bildu.
“Parece evidente que la concesión reiterada de beneficios penitenciarios a miembros de ETA ha estado ligada a decisiones políticas y a una estrategia orientada a asegurar el apoyo parlamentario de EH Bildu”, explican los diputados en la exposición de motivos de su iniciativa.
La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', sale este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián tras la concesión de un régimen de semilibertad
En este sentido, aluden a declaraciones realizadas en 2021 por el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, en relación con la situación de los presos de ETA: “Tenemos a 200 presos en Ia cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos”.
El PP ha solicitado información detallada sobre el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite un régimen flexible en el cumplimiento de las penas. Los diputados quieren saber cuántas aplicaciones de este artículo “fueron autorizadas o validadas” por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias antes y después de septiembre de 2021, cuando las competencias penitenciarias pasaron a ser gestionado por el Gobierno vasco.
Fanjul y Barrio también reclaman saber cuántas clasificaciones o progresiones al tercer grado acordó la Administración General del Estado en ese mismo periodo y cuántas afectaron a personas condenadas por delitos de terrorismo.
El PP cuestiona también qué mecanismos de coordinación y supervisión mantiene actualmente el Gobierno para garantizar que la aplicación del artículo 100.2 y del tercer grado a condenados por terrorismo “responde estrictamente a criterios técnicos y no a decisiones políticas”.
Los populares también cuestionan si el Ejecutivo central dispone actualmente de datos oficiales sobre cómo se están aplicando estos mecanismos en el sistema penitenciario vasco.
La última de las preguntas plantea directamente si el Gobierno considera “aceptable” utilizar la política penitenciaria con fines políticos, en detrimento —según el PP— del Estado de Derecho y del respeto a las víctimas del terrorismo.
