Fue a comienzos de 2024 cuando, a raíz de la aprobación de la ley de Transición Energética y Cambio Climático, se empezó a hablar de la posibilidad de crear una Oficina vasca de Transición Energética y Cambio Climático.
Era uno de los puntos que esta hoja de ruta lanzada por la entonces consejera, Arantxa Tapia y aprobada gracias a los votos de los socios de Gobierno, PNV y PSE, y EH Bildu, marcaba con el objetivo de avanzar en la neutralidad climática, la resiliencia y la transición energética justa para el año 2050.
Se trata de una ley transversal -que afecta a todas las instituciones, también a las locales- y en la que la gobernanza y la participación social estaban previstas como puntos estratégicos.
"La ley pone a la ciudadanía en el centro y crea nuevas figuras para participar en la gobernanza de la ley, en concreto, la Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, el Comité Científico y la Asamblea Ciudadana. Una de las funciones de la Oficina será realizar un seguimiento cercano de la actividad y del cumplimiento de la ley", explicaban desde el departamento en aquel momento.
Trabajador eólico
Abierto el plazo de consulta pública
Dos años y medio después de la aprobación de esta ley, y con ahora el predecesor de Tapia, Mikel Jauregi, al mando, esta va cogiendo forma.
No solo por la batería de propuestas que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ha lanzado con el objetivo de alcanzar, o al menos acercarse, a los objetivos marcados inicialmente; también porque esta oficina está a un paso más de hacerse realidad.
Y es que el Gobierno vasco ha abierto el plazo de consulta pública, con carácter previo a su elaboración, el proyecto del Decreto para regular la composición de esta oficina, así como la regulación del procedimiento de designación de sus miembros y de sus reglas básicas de organización y funcionamiento.
Así, en los próximos 15 días agentes sociales, ciudadanía e instituciones podrán presentar todas aquellas sugerencias u observaciones que crean con convenientes.
Una oficina que, cabe recordar, será participativa y se lanza como una de las propuestas de esta ley que tiene como objetivo, para 2030, la reducción de gases de efecto invernadero del 45% respecto al año de referencia de 2005, es decir, “el equivalente a una reducción del 33% respecto a las emisiones de 1990. Así como la participación de las energías renovables en al menos un 32% del consumo final energético de Euskadi para el año 2030.