El PNV y EH Bildu han sumado fuerzas con Sumar, ERC, Compromís y BNG para impulsar, desde el Congreso, una Proposición no de Ley (PNL) en la que el Gobierno de España reconozca “la responsabilidad principal y directa del Estado” en las muertes causadas por las actuaciones de la Policía Armada y la Policía Nacional durante la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y los sucesos de los Sanfermines de 1978 en Pamplona.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Justicia, coincide con el 50 aniversario de los hechos de Vitoria-Gasteiz, donde cinco trabajadores murieron por disparos policiales durante una jornada de huelga general. A aquellas víctimas se sumaron posteriormente otras dos personas fallecidas en Basauri y Tarragona en movilizaciones de protesta y solidaridad. Decenas de ciudadanos resultaron heridos y centenares tuvieron que ser atendidos en centros sanitarios.
El texto también recuerda los acontecimientos del 8 de julio de 1978 en Pamplona, cuando una intervención policial, durante las fiestas de San Fermín, terminó con la muerte de un joven, once heridos de bala y alrededor de 300 personas atendidas en hospitales. Tres días después, otro joven falleció en Donostia durante una manifestación de apoyo a las víctimas de Iruña.
PNV, Bildu y el resto de los grupos sostienen que aquellas actuaciones no fueron consecuencia de errores o decisiones aisladas, sino operaciones ejecutadas bajo órdenes de mandos policiales y responsables políticos. Como prueba, citan las grabaciones de las comunicaciones internas de la Policía durante ambos episodios. En el caso de Vitoria-Gasteiz, una de las conversaciones recogía la expresión “aquí ha habido una masacre”, mientras que en Pamplona se registraron órdenes como “no os importe matar”.
Según la exposición de motivos, los sucesos de Vitoria-Gasteiz y Pamplona formaron parte de una estrategia represiva más amplia desarrollada durante los años de la Transición para contener las movilizaciones políticas, sociales y nacionales que cuestionaban el modelo de reforma del franquismo. La iniciativa vincula estos hechos con otros episodios de violencia ocurridos en aquellos años en distintos puntos del Estado.
La PNL denuncia además que, medio siglo después, no se ha llevado a cabo una investigación oficial que esclarezca completamente lo sucedido y critica que las solicitudes de información realizadas por familiares de las víctimas hayan sido rechazadas o ignoradas. También reprocha la falta de avances judiciales para determinar responsabilidades.
La propuesta llega tras la campaña “Estado responsable-Estatua erantzule”, impulsada por las asociaciones Martxoak 3 y Sanfermines 78 Gogoan. En el marco de esta iniciativa, los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Donostia y Astigarraga aprobaron mociones reclamando al Estado el reconocimiento de su responsabilidad en aquellos hechos.
Asimismo, los impulsores recuerdan que 40 solicitudes presentadas por víctimas y familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática fueron aceptadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que emitió las correspondientes declaraciones de reconocimiento y reparación personal.
La Proposición no de Ley plantea tres medidas concretas: que el Gobierno reconozca oficialmente la responsabilidad del Estado en los sucesos de Vitoria-Gasteiz y Pamplona; que realice una declaración institucional al máximo nivel en ese sentido; y que impulse actuaciones de las administraciones y organismos competentes para garantizar el derecho a la verdad, facilitar el acceso a la justicia y avanzar en la reparación de las víctimas de la violencia estatal.
Los grupos impulsores consideran que el reconocimiento individual ya otorgado a algunas víctimas resulta insuficiente ante unos hechos que afectaron a cientos de personas y que, a su juicio, exigen asumir responsabilidades políticas por parte de toda la cadena de mando que autorizó y ejecutó aquellas actuaciones.