El PNV ha aprovechado la tramitación en el Senado de la reforma de la Ley General de la Discapacidad para registrar una batería de enmiendas orientadas a reforzar la protección de colectivos especialmente vulnerables. Las propuestas abarcan desde nuevos derechos para las personas cuidadoras hasta mejoras para las víctimas del amianto, los afectados por la polio o las familias con menores que padecen enfermedades graves.
Entre las iniciativas más ambiciosas figura una nueva disposición destinada a reconocer y proteger a las personas cuidadoras principales de grandes dependientes. La formación jeltzale propone sustituir en la legislación la denominación de “cuidador no profesional” por la de “cuidador principal”, además de otorgar a este colectivo la consideración de grupo prioritario en las políticas de empleo.
Entre las iniciativas más ambiciosas figura una nueva disposición destinada a reconocer y proteger a las personas cuidadoras principales de grandes dependientes
La enmienda incorpora también mejoras en materia de cotización, plantea estudiar fórmulas de jubilación anticipada para quienes dedican años al cuidado de personas con gran dependencia y prevé apoyo psicológico y orientación laboral cuando fallezca la persona atendida. Asimismo, reclama equiparar determinadas situaciones de monoparentalidad derivadas del abandono del otro progenitor a las medidas de protección previstas para las víctimas de violencia de género.
Otra de las propuestas busca impulsar una red específica de recursos para personas dependientes menores de 65 años. El grupo vasco en el Senado plantea que las administraciones desarrollen, junto al tercer sector, una oferta suficiente de servicios sanitarios, terapéuticos, asistenciales y de ocio adaptados a las necesidades de este colectivo.
Víctimas de la polio y el amianto
Especial relevancia adquiere la enmienda dedicada a las personas afectadas por la poliomielitis y el síndrome postpolio. Los nacionalistas vascos proponen reconocer expresamente a este colectivo dentro del marco de protección de la discapacidad, garantizar programas de rehabilitación continuada, actualizar las prestaciones ortoprotésicas, desarrollar protocolos clínicos específicos y crear un registro estatal voluntario que permita mejorar la planificación sanitaria y social. La iniciativa incluye además medidas de formación para profesionales y campañas de sensibilización pública.
Las víctimas del amianto constituyen otro de los ejes de las enmiendas del PNV. El grupo reclama la revisión, en un plazo máximo de tres meses, del reglamento que regula las compensaciones económicas para los afectados, con el objetivo de agilizar los procedimientos y ampliar las garantías del sistema. La propuesta exige además que las asociaciones de víctimas y los sindicatos participen en la reforma normativa.
El objetivo declarado es reforzar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad existente en torno a esta ayuda
Junto a ello, los jeltzales plantean una modificación fiscal para que las indemnizaciones abonadas por el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto queden exentas del IRPF. Según argumentan, la medida evitaría que los beneficiarios vean incrementada artificialmente su tributación en el ejercicio en el que perciban la compensación.
El grupo vasco también pone el foco en las familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Una de sus enmiendas propone crear una unidad técnica específica en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para agilizar el reconocimiento de la prestación conocida como CUME, destinada a progenitores que reducen su actividad laboral para atender a sus hijos. El objetivo declarado es reforzar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad existente en torno a esta ayuda.
Precisamente en relación con esta prestación, el PNV plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para evitar que determinadas regularizaciones de cotización perjudiquen a los trabajadores autónomos beneficiarios de la ayuda, equiparando su situación a la de otros colectivos protegidos por el sistema.
Reforzar las prestaciones no contributivas
Otra de las enmiendas registradas persigue reforzar la protección de las personas que perciben prestaciones no contributivas. La propuesta establece que las indemnizaciones por daños personales reconocidas judicialmente no computen como renta a efectos de acceder o mantener estas ayudas, una cuestión que, según argumenta el PNV, ha generado problemas especialmente entre víctimas de violencia de género o violencia sexual. La formación vasca sostiene que estas compensaciones tienen una naturaleza reparadora y no pueden equipararse a ingresos ordinarios.