La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de cárcel de 30 años de prisión para cinco exjefes de ETA por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, se trata de Ignacio Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'; Mikel Albisu 'Mikel Antza', Julián Achurra Egurola 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre Lete 'Isuntza', por integrar el comité ejecutivo de la banda que "tomó la decisión" de asesinar a Ordóñez.
Los cinco, a quienes acusa de un delito de asesinato consumado cualificado por la alevosía, integraban el comité ejecutivo o 'zuba' de ETA tras el golpe policial a la anterior cúpula de la banda terrorista en la localidad francesa de Bidart, en 1992, según explica el escrito.
Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados sus autores materiales: Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote', Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte. Este último en su momento declaró la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que 'Kantauri' fue quien le transmitió los datos e instrucciones para que contactara con dos miembros liberados de la banda, con los que colaboraría en el comando Donosti.
Ahora la Fiscalía atribuye al comité ejecutivo, en el que sitúa a los cinco acusados, la decisión, adoptada "de forma colegiada y consensuada" en diciembre de 1994 de asesinar al entonces teniente de alcalde del PP en San Sebastián, un crimen que se perpetraría un mes después en la Parte Vieja donostiarra.
Primera víctima de relevancia política
Fue 'Kantauri', según su tesis, quien transmitió la decisión en una "reunión operativa" a los tres autores materiales, que "asumieron y acataron la orden".
La Fiscalía enmarca el crimen en la "línea estratégica político-militar" que aquellos años, en el periodo 'post-Bidart', desplegó la organización terrorista y que se conoció como "estrategia de desestabilización" o "socialización del sufrimiento".
Era una "estrategia" orientada a la "confrontación constante con el Estado a todos los niveles para desestabilizarlo con mayor intensidad" y que establecía que "las acciones criminales de ETA debían dirigirse hacia objetivos de 'especial relevancia': integrantes de la vida política, académica, periodística o judicial del país y no únicamente hacia fuerzas de seguridad o intereses del Estado".
Para la Fiscalía, "el hecho diferencial de la nueva estrategia" era que antes los comandos "tenían autonomía" para decidir los crímenes, si bien a partir de entonces era el comité ejecutivo de la banda quien lo elegía y comunicaba a los comandos, que "sometidos a tales decisiones, las acataban y materializaban".
Gregorio Ordóñez fue la "primera víctima de relevancia política escogida" por el comité.
La Fiscalía recuerda en su escrito las diferentes condenas impuestas —algunas por tribunales franceses y otras por la Audiencia Nacional— a lo largo de los años a los cinco exjefes de ETA acusados, que tienen entre 63 y 71 años de edad.
Se trata de la causa judicial que más ha avanzado de entre la más de una decena que permanecen abiertas en la Audiencia Nacional contra la cúpula de ETA, gracias al impulso de querellas en los últimos años por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, según afirman fuentes jurídicas.