La coalición progresista del Gobierno de Pedro Sánchez negocia de urgencia un nuevo decreto ley que sirva como respuesta a los indignados de Sol que han hecho del desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, el detonante del hartazgo social por los precios de la vivienda de alquiler y de compra.
Los nacionalistas de Junts han vuelto a la mesa de negociación justo cuando se cumple un año de su ruptura del pacto de investidura. Y en las sumas necesarias para que el decreto ley sea convalidado con éxito en el Congreso entra la clave vasca que representan PNV y Bildu, con sus 5 y 6 escaños, respectivamente.
Por el lado jeltzale, la clave orbita en torno a una negociación real con el PNV y al respeto al autogobierno vasco. La portavoz Maribel Vaquero reprochó en abril, con la caída en desgracia del anterior decreto sobre vivienda, la falta de negociación real con los grupos por parte del Ejecutivo.
“Criticamos que el Gobierno pretenda enmendar la ley aprobada por la Cámara mediante decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros sin negociación previa”, explicó desde la tribuna. “Busquemos acuerdos de calado desde una visión integral, porque la vivienda es una preocupación para demasiada gente, y hagámoslo desde el respeto político e institucional”.
Hoy, en la mesa de negociación, la posición del PNV en materia de vivienda vuelve a orbitar en torno a una idea recurrente: el problema del acceso a una vivienda asequible no se resolverá únicamente mediante controles sobre el mercado (topes al precio del alquiler), sino ampliando la oferta disponible e incentivando que más propietarios saquen sus inmuebles al alquiler.
PNV: incentivos fiscales y seguros de alquiler para los propietarios
Para lo segundo, los jeltzales defienden ampliar las ventajas fiscales vinculadas al arrendamiento y extenderlas a colectivos vulnerables más allá de los jóvenes, con el objetivo de favorecer la oferta de vivienda habitual a precios asequibles.
Además, el PNV ha respaldado históricamente deducciones ligadas al alquiler para jóvenes, incentivos a la rehabilitación de viviendas destinadas al arrendamiento y beneficios asociados a la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles.
Por otro lado, sus reivindicaciones históricas pasan por reducir la percepción de riesgo que puedan tener los propietarios a la hora de poner en alquiler sus viviendas. Para ello, proponen la creación de seguros de alquiler que cubran contingencias e impagos.
Los jeltzales defienden también fórmulas que incentiven económicamente el alquiler de inmuebles actualmente desocupados y que generen un marco de confianza para los propietarios.
Por último, el PNV también defiende las políticas destinadas a reforzar el parque público de vivienda con la movilización de suelo público para la construcción de viviendas protegidas y de alquiler asequible, así como mecanismos que permitan a las administraciones conservar durante más tiempo la función social de las promociones protegidas.
Bildu: intervención pública del mercado
La aprobación de la Ley estatal de Vivienda, en mayo de 2023, supuso uno de los principales hitos políticos de EH Bildu durante la pasada legislatura.
Frente a las posiciones más favorables a los incentivos defendidas por el PNV, la coalición soberanista apostó por una mayor intervención pública sobre el mercado inmobiliario con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y no únicamente como un bien sujeto a las reglas de la oferta y la demanda.
En abril, cuando el anterior decreto fue tumbado por el Congreso, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, defendió la necesidad de mantener la intervención pública en el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente al incremento de los precios.
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en una imagen de archivo a 15 de septiembre de 2026
Matute sostuvo que la vivienda debe ser tratada como un derecho social y no únicamente como un activo económico, y respaldó medidas como la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de las subidas de renta para evitar que miles de familias vieran comprometida su continuidad en sus hogares.
Bildu criticó a los grupos que optaron por rechazar el decreto o abstenerse, argumentando que algunas de esas formaciones habían respaldado medidas similares durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
A su juicio, el debate no debía centrarse en la defensa de los intereses de los rentistas, sino en la situación de quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler.
Durante su intervención alertó de que permitir aumentos significativos en las renovaciones de contratos podía expulsar a miles de personas del mercado residencial y agravar una crisis de acceso a la vivienda que ya afecta a amplias capas de la población.
El dirigente de EH Bildu aprovechó además el debate para reivindicar otras medidas de intervención pública que su formación viene defendiendo desde hace años, como la regulación de los pisos turísticos, la movilización de vivienda vacía, el impulso de fórmulas cooperativas y la protección frente a los desahucios.
Según Matute, la experiencia demuestra que el mercado por sí solo no está resolviendo el problema habitacional y que las administraciones deben actuar con mayor decisión para garantizar el acceso a una vivienda digna.