ETA contra el empresariado vasco: los años en los que el plomo mató a la economía

El 18 de marzo de 1976, en Elgoibar, el director gerente de la empresa de máquinas de coser Sigma, Ángel Berazadi, de 58 años, era secuestrado por ETA Político Militar. Los miembros de los Comandos Bereziak fueron los que estaban al mando, y solicitaron un rescate de doscientos millones de pesetas antes del 5 de abril. Durante las negociaciones con los secuestradores, la familia del empresario estuvo representada por miembros del PNV ya que Berazadi era próximo al partido. 21 días después, los familiares no consiguieron reunir la cantidad exigida y los terroristas dieron la orden de asesinarlo. El 8 de abril el cadáver del Ángel apareció en una cuneta de la carretera comarcal Elgoibar-Azkoitia, tendido boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca. Esa fue la primera vez que ETA mataba a un empresario secuestrado. 

Desde ese día y hasta el año 2008, ETA abría tres décadas de continuas extorsiones, ataques, secuestros y asesinatos contra el empresariado vasco. Treinta años que dejaron 49 asesinatos relacionados con el mundo empresarial o laboral, 52 secuestros y más de 9.000 extorsionados. Además, según un estudio del periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Dominguez, ETA recaudó 106 millones de euros gracias a los secuestros, 21 millones a través de las extorsiones y 20 millones con los atracos. Todas estas acciones llevadas a cabo por la banda, concretamente desde 1970 y 2013, tuvieron un impacto económico directo de más de 25.000 millones de euros en las arcas del Estado. 

El Impuesto Revolucionario 

Fue en el año 1976 cuando ETA Político Militar comenzó con la extorsión a empresarios vascos y lo hacía mediante una carta en la que exigía lo que ellos llamaban el Impuesto Revolucionario. Un año después, en 1977, ETA Militar copia esta manera de actuar y lo hacen también los Comandos Autónomos. Esto supone que durante el momento más álgido y de mayor actividad terrorista, la Transición, hubiera tres grupos diferentes compitiendo por los mismos empresarios y los mismos recursos en el mismo territorio, lo cuál llevó a situaciones en los que un mismo empresario estaba siendo extorsionado por varias bandas a la vez. 

Esta vía para recaudar fondos nace por una causa muy concreta. ETA Político Militar sufre una redada por un infiltrado, lo que hace que caiga toda la escisión, salvo un comando. Están casi destruidos y para recuperarse necesitan dinero. Al no tener gente ni fondos suficientes no pueden preparar atracos, entonces crean el Impuesto Revolucionario como una manera de conseguir fondos y, así, poder comprar armas. 

Aunque la verdadera amenaza de extorsión comenzó en 1976, ya había precedentes anteriores en el nacionalismo vasco. Durante los años 60, recurrían a empresarios afines y les pedían dinero. Aún así, de pedir dinero por la voluntad a pedirlo mediante amenaza, hay un paso y eso se da en 1976. La primera carta encontrada hasta la fecha data de 1970 y se sabe que se trata de el primer intento, fallido, por parte de la banda, de extorsión a un empresario. Fue el grupo de los Cabras, una escisión de ETA que llevó a cabo este experimento pero fracasó porque nadie pagó.

Rastreo de sus objetivos

En el punto de mira de los terroristas había desde empresarios, a miembros directivos, pasando por todo tipo de profesionales como notarios, abogados, médicos o dentistas. Elegían a sus objetivos gracias a la información que recibían y al conocimiento que tenían de su entorno. La banda estaba asentada en diferentes comarcas, ciudades y pueblos del País Vasco pero no tenía tantos miembros, por lo que no tenían capacidad de recabar suficiente información por sí solos. Es aquí donde entraban en juego los colaboradores que, sin ser miembros, eran una parte fundamental. “Esta gente no eran etarras, pero eran simpatizantes y cómplices. Sin estos ojos, no hubieran podido hacer nada. Muchos empresarios sospechaban de trabajadores de su propia empresa y tenemos constancia de empleados de banca que pasaban información para los atracos”, explica el historiador Gaizka Fernandez de Soldevilla. 

El siguiente paso era enviar una carta. En esas líneas se le exigía a la persona una determinada cantidad de dinero y se le daba un plazo de tiempo para pagarla. Si no lo hacían, recibían una segunda o incluso tercera carta o los remitentes empezaban a ser miembros de su familia o de su círculo cercano. Esto aumentaba la presión y, aunque la mayoría de los extorsionados no cedió, los que lo hicieron tuvieron la oportunidad de negociar con la banda. Para ello se desplazaban hasta Francia, normalmente San Juan de Luz, Biarritz o Bayona, y ahí preguntaban por el Sr. Otxia, que no era el nombre de ninguna persona, sino el seudónimo para referirse al etarra que estuviera de guardia en ese momento. 

Las primeras cartas enviadas por ETA fueron ignoradas por sus destinatarios por no considerarlo una amenaza real, pero hay un momento en el que todo cambia y es cuando llega la sangre. El asesinato de Berazadi, el primer asesinato de un empresario, despierta entonces el miedo. Es más, tras esto hubo incluso quienes contactaron con ellos para ofrecerse a pagar voluntariamente antes de sufrir cualquier tipo de problema. “Es un ejemplo paradigmático de cómo el terrorismo funciona. El terrorismo es matar a uno para aterrorizar a 10.000. Y así les funcionó”, comenta Soldevilla. 

Sin embargo, también hubo algunos valientes que no solo no cedieron al chantaje, sino que lo denunciaron públicamente. El primero fue Félix Alfaro Fournier, director de la empresa de Naipes de Vitoria Heraclio Fournier, que se negó a pagar en un comunicado que envió a los medios de comunicación. Lo mismo que hizo Juan Alcorta, presidente de Koipe al que le quemaron una de sus plantas de aceite después de negarse. Caso diferente fue el de José Legasa, un pequeño constructor de Irún que decidió no pagar y acudió a denunciarlo a la policía. Finalmente, ETA lo asesinó. 

Lemoniz

La paralización del proyecto de la central nuclear de Lemoniz fue uno de los mayores “logros” para la organización terrorista. Los movimientos ecologistas ya estaban en marcha y desde 1974 se sucedían las grandes movilizaciones para protestar y defender una Euskadi no nuclear. Algunas de ellas llegaron a reunir a más de 60.000 personas y a ETA le pareció un buen escenario en el que aparecer. 

Fue el 17 de marzo de 1978. La banda hizo una llamada a la emisora Radio Popular avisando de la colocación de una bomba en las instalaciones. Sin embargo, para cuando el avisó llegó a las oficinas de la central, ya era tarde y la explosión ya había resonado. Con este ataque tan bestial, consiguieron su objetivo y la central no llegó nunca a estar operativa. Sin embargo, se llevaron por delante la vida de dos operarios, Andrés Guerra y Alberto Negro, y dejó 140 heridos. En 1979, una segunda bomba provoca la muerte de otro trabajador, Ángel Baños. La escalada de violencia continuó en 1981 cuando ETA secuestró al ingeniero jefe de la central, José María Ryan, asesinándolo tras una semana de tortura. En ese mismo año, fruto de la transferencia de competencias al Gobierno vasco, el Ejecutivo relanzó el proyecto de la central nuclear, pero la banda terrorista asesinó de nuevo al director, Ángel Pascual Múgica. 

Solos e ignorados

El fundador y director de Bakeaz y coordinador del libro “La bolsa y la vida. La extorsión de ETA contra el mundo empresarial”, Josu Ugarte, conoce bien la sensación de soledad que sentían los extorsionados. “Vivieron solos su situación de amenaza y la inmensa mayoría no contaba a nadie que había recibido la carta. Primero por no implicar y preocupar a la familia y segundo porque no podían confiar en mucha gente por si tenía algún vínculo con la banda”, cuenta Ugarte. 

En Euskadi, tampoco existía solidaridad entre los empresarios, algo que sí pasaba en Navarra. Allí, la Confederación de empresarios se comprometió enormemente, incluso con gente de Gipuzkoa. Elaboraron un manifiesto de defensa; ofrecieron ayuda a los extorsionados; les dieron criterios sobre cómo actuar o ponerse en contacto con la policía y también establecieron un acuerdo con la Guardia Civil, que tenía un cuerpo especializado en antiterrorismo, para trabajar conjuntamente, algo que fue muy efectivo. 

“Aquí todos conocíamos lo que pasaba pero no lo queríamos saber. Con aquellas circunstancias políticas, mucha gente no quería saber absolutamente nada de implicarse. Todos aparentábamos, nos sentíamos solidarios, pero efectivamente nunca dábamos de nosotros mismos para estar cerca de alguien que estuviera amenazado”, dice Ugarte.

Desprestigio de la clase empresarial 

ETA quiso desacreditar y poner al pueblo vasco en su contra y en muchas ocasiones lo consiguió. Los acusaban de ser explotadores de la clase obrera y de opresores del pueblo y este mensaje caló en bastantes trabajadores, llegando incluso varias veces a participar en procesos de negociaciones laborales, sustituyendo a los sindicatos. “Consiguieron desprestigiar a la clase empresarial. Se decía de ellos que eran figuras oscuras, que tenían dinero de sobra para pagar, que si se les extorsionaba era por algo, que eran oligarcas etc.”, añade Gaizka Fernández. 

Este desprestigio de los empresarios, unido al miedo que había en la gente, llevó a otro comportamiento social también bastante curioso y que tiene que ver con las manifestaciones pacifistas. Durante el secuestro de José María Aldaya, uno de los más largos que duró 341 días, los pacifistas de Gesto por la paz, se reunían todas las semanas para pedir su liberación. Lo que se encontraban enfrente era una contramanifestación, más numerosa, formada por miembros de Herri Batasuna que les insultaban, amenazaban, sacaban fotos, tiraban mecheros e incluso seguían a los pacifistas después de las concentraciones cuando iban a sus casas para despertar su miedo y así conseguir que no volvieran a manifestarse. 

“La mayoría social no estaba en ninguno de esos dos bandos, estaba en el bar de al lado tomándose un vino. Por miedo o por cobardía pero la indiferencia no era justificable. Ibas por la calle y había pintadas de “Aldaia, paga y calla” y nadie las borraba”, cuenta Gaizka. Sin embargo, si hubo quien actuó en cierto modo y ese fue el ex alcalde de Vitoria, Jose Ángel Cuerda. Él fue el primero en Euskadi que decidió borrar las pintadas que aparecían por la ciudad, y le siguieron Elorza en Donosti y Azkuna en Bilbao. Esto fue criticado muy duramente porque decían que iba en contra de la libertad de expresión pero, como añade Josu Ugarte, “cuando alguien pinta una diana amenazando de muerte a una persona, eso no es libertad de expresión”. 

Fuga de empresas 

El envío de cartas era constante y el ambiente cada vez era más hostil, lo que hizo que el miedo a emprender cada vez fuera mayor. Desde finales de los 70, aumenta notoriamente el número de empresarios que deciden exiliarse fuera del País Vasco. Por seguridad, para vivir más tranquilos y para no estar extorsionados, muchos que pueden optan por llevar las fábricas a otros lugares de España y según Gaizka Fernández, si todo esto no hubiera pasado, Euskadi sería ahora una región mucho más rica y próspera.

Un ejemplo de esto fue el caso de Tito Llorca. Este pelotazale donostiarra tenía una pequeña empresa textil y algún comercio en San Sebastián. Recibió una de las cartas de ETA pero decidió no pagar y atentaron contra él en dos ocasiones con bombas que colocan al lado de la tienda. La primera vez ve el paquete y lo coge pero no estalló, y la segunda, avisó a los artificieros y uno de ellos murió al intentar desactivar la bomba. Tito, junto con toda su familia, tuvo que irse de Euskadi, romper con todo de un día para otro y mudarse a Gijón. 

Fondos mermados

Con el tiempo, el presupuesto de ETA va decayendo durante los años 90 y sobre todo a partir del 2000. Según los datos de Florencio Domínguez, la banda terrorista empleaba de 2 a 4 millones de euros al año. “No consiguen recuperar tanto dinero. Cuando no tienes capacidad de hacer creíble tu amenaza, es cuando los empresarios extorsionados pagan menos”, explica Josu Ugarte. 

Sobre el año 93 y 94, la policía ya está al tanto de todos los comandos y la organización se va debilitando. “El dinero y la gente que va llegando nueva no es suficiente para compensar lo que han perdido y cada vez van más en decadencia. La ilegalización de Herri Batasuna y del diario Egin también les van mermando”, apunta Gaizka Fernández. 

Para él, la extorsión es una de las claves que explican por qué ETA duró tanto tiempo, 59 años de actividad exactamente. Tenían una fuente de financiación estable que es algo que no todos los grupos terroristas, como por ejemplo los Grapo, conseguían. 

En el año 2008, el constructor Ignacio Uria Mendizábal, de setenta años, se convirtió en el último empresario asesinado. Lo hicieron en plena vía pública, a tiros cuando caminaba por la calle. Los etarras justificaron el crimen porque se había negado a pagar y porque su empresa participaba en las obras del Tren de Alta Velocidad. Proyecto frente al que la banda se mostró totalmente contrario.