La Fiscalía ha iniciado unas diligencias de investigación sobre la incineradora de Gipuzkoa a instancias de GuraSOS con las que, según este colectivo, se pretende "dilucidar el estado de ilegalidad en que se halla" esta infraestructura. El portavoz de GuraSOS, Joseba Belaustegi, ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián, para informar sobre la decisión del Ministerio Público, pocas horas después del incendio declarado el martes en el foso de voluminosos del centro de gestión de Zubieta, entre cuyos equipamientos se encuentra la incineradora y que, según ha desvelado, es "el tercero en los últimos meses".
Durante la comparecencia, Belaustegi ha explicado que la investigación de la Fiscalía "sobre el funcionamiento" de la planta de quema de basuras ha sido abierta "a fin de determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados y la identidad de las personas que los cometieron". El representante de GuraSOS ha afirmado, en este sentido, que el "conjunto" de este proyecto de tratamientos de residuos "está siendo conducido con absoluta irresponsabilidad, ocultismo y desprecio por la seguridad y el medio ambiente".
Ha desvelado que, en este contexto, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco "deberá remitir a la Fiscalía un importante volumen de expedientes" y documentación que certifique "si las instalaciones eléctricas de generación y transformación cuentan o no, a día de hoy, con la correspondiente acta de puesta en servicio que habilita su funcionamiento legal". Todo ello porque, según Belaustegi, los dos hornos de la instalación y cada uno de los componentes de la cadena de valorización "estarían funcionando en situación ilegal en el momento actual", a pesar de la entrada en funcionamiento del transformador principal dado a conocer el pasado lunes por el Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa (GHK).
"Pagos indebidos"
Belaustegi ha avanzado asimismo que, entre otras diligencias, la Fiscalía también tiene previsto solicitar a Red Eléctrica de España si le consta que "las instalaciones eléctricas de generación del Complejo Ambiental de Gipuzkoa cuentan con autorización, si quiera provisional, de puesta en servicio vigente" y que le informe sobre si "es legalmente posible el acceso a la red de distribución en caso de no contar" con este permiso. De forma paralela, GuraSOS ha enviado un requerimiento en el que pone en conocimiento de la jefa del servicio de Intervención y Auditorías de la Hacienda foral un "grave quebranto económico de 41,6 millones de euros para las arcas de GHK y sus mancomunidades" por la supuesta "mala gestión del contrato de concesión de la obra de la incineradora".
Todos ello por presuntos "pagos indebidos" a las empresas sin los requisitos previos de haber finalizado las obras y las pruebas de funcionamiento correspondientes, así como su inscripción en el registro de instalaciones productoras de energía eléctrica. Asimismo por las penalizaciones "dejadas de cobrar" por los retrasos en el fin de las obras y en las pruebas de puesta en marcha pertinentes. "Esto no es una cuestión baladí, ya que está en juego la conmutación de una penalización de más de 36 millones de euros por incumplimiento de contrato y unos abonos indebidos de más de cinco millones", ha recalcado Belaustegi.
Incidentes "recurrentes"
En otro momento de la comparecencia, el miembro de GuraSOS ha dicho además que uno de los tres incendios ocurridos en esta infraestructura de gestión de residuos fue "de mucha mayor gravedad que el de ayer", y ha sostenido que no son incidentes "fortuitos" sino que resultan "recurrentes" porque "se deben al mal funcionamiento del depósitos del foso de residuos" en el que se genera metano que, como ha indicado, "es el gas causante de los incendios, como pasó en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia)".
Ha recordado que, junto a estos incidentes, la instalación también ha sufrido "dos averías graves en el transformador principal", así como una fuga a una regata próxima con afecciones medioambientales en este arroyo. "No es que la planta este tocada por la mala suerte, lo que ocurre es que el conjunto del proyecto, desde los dirigentes institucionales hasta la dirección de la UTE licitadora, está siendo conducido con absoluta irresponsabilidad, ocultismo y desprecio por la seguridad y el medio ambiente", ha concluido.