La secretaria de Mungia declara "desconocer" si es legal el cobro de Larrabizker

La secretaria municipal de Mungia ha declarado al juez que “desconoce” si es legal el cobro de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas a medio centenar de vecinos por polémico plan de Larrabizker. La funcionaria Aranzazu García, cuya una de sus principales funciones como secretaria municipal es velar por la legalidad de las actuaciones del ayuntamiento, eludió aclarar detales de este polémico cobro en su declaración el pasado 5 de marzo ante el juzgado de Bilbao que investiga el caso. “No me acuerdo”, “no lo sé”, fueron las coletillas que se limitó a expresar la secretaria.

Un perito declaró en febrero pasado, en el mismo juzgado, que el Ayuntamiento de Mungia ha incumplido su propia legislación al exigir 600.000 euros más de lo que dicta el planeamiento urbanístico de Mungia, según el informe pericial que ha elaborado.

Los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización, en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero del pasado año y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao  inició una investigación el 3 de febrero de 2020, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

El juez, en una decisión inhabitual en la vía contenciosa, quiso conocer de primera mano el testimonio de la secretaria municipal en este litigio y le llamó a prestar declaración. Pero la declaración no aclaró casi nada. La secretaria llegó a afirmar que “no recuerdo si se incrementaban los costes de urbanización” y que tampoco “no sé el porcentaje de las cargas”. Tampoco dio explicaciones sobre los cobros que ha girado el Ayuntamiento desde septiembre sin incluir el impuesto del IVA, otra de las irregularidades denunciadas por los vecinos. “No lo recuerdo”, afirmó sobre la falta del IVA.

En relación al incremento de las cargas urbanísticas, del 11,5% inicial al 19%, se remitió a “lo que consta en los expedientes”. “No lo sé”, respondió al ser preguntada sobre si sabía el porcentaje que se ha exigido a los afectados.

La secretaria municipal mantuvo idéntica versión que la ofrecida el pasado 17 de febrero el arquitecto municipal sobre la ausencia del informe de impacto ambiental en el polémico proyecto, otra de las anomalías denunciadas. “No me consta”, dijo y utilizó la misma coletilla al ser preguntada si la ley obliga a disponer de este informe de impacto.

Esta urbanización tiene áreas inundables y la ley vasca de medio ambiente establece que, ante cualquier afección ambiental, es necesario un estudio específico de impacto.

 Además de en este juzgado, el tema ha llegado a varios tribunales por la petición de los vecinos de que se bloquee el pago de las cargas urbanísticas que inició el Ayuntamiento a finales del pasado año. Cuatro juzgados de Bilbao ya han ordenado la suspensión del cobro millonario. Una docena de vecinos habían presentado pleitos en los tribunales y cuatro de los cinco juzgados que lo han analizado han dado la razón a los resientes con los mismos argumentos: que los cobros pueden “afectar de manera clara al patrimonio” del afectado y porque el caso ya es investigado judicialmente en otros juzgados de Bilbao.