El Congreso aprueba la primera ley climática de España sin el apoyo de PP, Vox ni Más País

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, y de PP y Más País-Verdes Equo, que se han abstenido, tal y como habían anunciado.

El texto fue aprobado con competencia legislativa plena en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados desde donde se remitió a principios de abril al Senado. Allí ha incorporado cinco enmiendas, por lo que el proyecto de ley ha vuelto este jueves para su debate final en el pleno de la Cámara Baja.

La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23 por ciento hasta 2030 respecto a los niveles de 1990 y el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050.

Asimismo, fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42 por ciento y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. No obstante, en su trámite parlamentario, en concreto en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda por la que estos objetivos se revisarán al alza en 2023.

Al mismo tiempo, la Ley prevé la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio.

Por otro lado, fija una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad. Con 2023 como fecha tope los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones.

Al debate de la ley en el pleno ha asistido la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que confía en que con la aprobación de esta Ley España marca "un hito" con el que siempre se va a mirar hacia adelante contra el cambio climático, que "no distingue colores políticos". Así, se ha dirigido a los jóvenes a quienes "más" afectan las amenazas del cambio climático y que reclaman "más ambición". A ellos, les ha garantizado con que esta ley se acelerará el cambio preciso en el sistema productivo para lograr una "prosperidad sostenible".

En su intervención en el pleno, ha defendido que en los últimos dos años España ha avanzado "más que nunca" en asumir el liderazgo y en el compromiso de reducción de emisiones y, en esa línea, ha afirmado que la ley es "ambiciosa y congruente" para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que "llevaba al desastre". Por eso, Ribera ha dicho que en el futuro se necesita a quien ha apoyado la ley, a quien no lo ha hecho y a quien se ha abstenido porque el cambio climático "no puede esperar". "Esta es una ley de todos y para todos", ha reflexionado la ministra, que asegura que el Gobierno seguirá "situando el ecologismo en el corazón de sus políticas".

Abstención "constructiva"

Desde EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha confirmado su voto favorable pero ha reclamado mayor ambición al texto; mientras que la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, cuyo grupo también ha apoyado el proyecto de ley considera que la transición energética no será posible con un cambio radical y considera que se debería apostar por la innovación y las 'multitecnologías' aunque, no obstante, ha admitido que "esta ley es mejor que ninguna".

En el Pleno no se han producido sorpresas en los planteamientos expresados previamente por todos los grupos. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la importancia de que el despliegue de las energías renovables no ponga en riesgo los valores ambientales del medio rural y natural y que los beneficios de estos proyectos redunden también en los territorios. Desde Más País-Verdes Equo han explicado que su abstención "constructiva" porque para la diputada Inés Sabanés, los objetivos climáticos de la ley española "nacen viejos y obsoletos" y la norma llega "con diez años de retraso" que la hacen "a todas luces, insuficiente". "Corremos el serio riesgo de quedarnos, otra vez, en el vagón de cola de Europa", ha advertido al hemiciclo.

"Un punto de partida"

A la diputada de Ciudadanos, María Carmen Rodríguez, le "parece mentira" que todavía haya partidos políticos que nieguen aún la evidencia y ha señalado que esta ley es "un punto de partida", pero lamenta que la norma "llega tarde, le falta ambición, rigor" y al Gobierno "valentía" porque, según ha criticado, "no se puede ser ambicioso sin poner los medios necesarios". Por ello, ha acusado a la ministra de ser la responsable de que esta ley en el futuro se convierta en parte del juego partidista de los distintos gobierno, "como la ley de educación". En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha criticado distintos aspectos de la ley que en su opinión no es los suficientemente ambiciosa ni justa.

Mientras, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha celebrado que la tramitación de la ley se haya logrado "en un tiempo récord para una ley tan relevante", de poco más de seis meses. Así, ha destacado que el proyecto ha sido objeto de un intenso diálogo tras el que se han aprobado "muchísimas enmiendas". No obstante, ha reclamado la implicación de la sociedad y "voluntad política" a las administraciones públicas. "Este es un gran día para este país, gracias a quienes lo han hecho posible", ha concluido el diputado que también preside la comisión parlamentaria de Transición Ecológica.

El "negacionismo" de Vox

Por el contrario, desde Vox, la diputada Mireia Borrás ha criticado a "todos" los que tachan a su grupo parlamentario de "negacionista, diga lo que diga". En concreto, ha celebrado que la enmienda -aprobada- al artículo 20.4 sobre el dominio público marítimo terrestre que era una "barbaridad" y al menos "ahora se parchea" al eliminar su retroactividad. Sin embargo, ha tildado la ley de ser "tan sumamente ideológica" que entre otros ejemplos ha citado la eliminación de una energía limpia como la nuclear.

Por su parte, el diputado del PP, Guillermo Mariscal ha reiterado el compromiso "firme y fuera de dudas" con la descarbonización de la economía y con la lucha contra el cambio climático pero ha justificado al abstención de su grupo en que se trata de un proyecto de ley "limitativo" y que llega tarde y con "falta de diálogo". En es sentido, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó en 2018 al Parlamento un proyecto de ley que el PSOE rechazó y dos años después se aprueba una ley que apenas habla de economía circular y que carece de análisis de impacto económico.

En definitiva, ha expresado a Ribera que esta ley supone un "salto al vacío" en la vida de los ciudadanos y la acusa directamente de ser "la responsable" de los perjuicios que generará porque es una "ley que empequeñece una lucha que pasa de esta generación y las futuras y que resta oportunidades a todos los españoles".

Por último, para la diputada socialista Elena Caballero esta ley responde al desafío climático y supone una verdadera "oportunidad histórica" para alcanzar y superar un punto de inflexión que pide la ciudadanía y que encaminará al país a alcanzar la neutralidad climática en 2050 sin dejar a nadie atrás.