EH Bildu participará este sábado en la movilización convocada por Kontseilua para denunciar la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el requisito del perfil lingüístico de euskera de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irun y el "ataque" que supone contra la lengua vasca. Los parlamentarios Maddalen Iriarte y Julen Arzuaga participarán en la concentración que se celebrará frente al palacio de justicia de Bilbao.

EH Bildu ha insistido en que la sentencia es "errónea" porque, a la hora de definir el perfil lingüístico, "nuestra normativa atiende no al uso, al conocimiento, concretamente el decreto 86/2097". El TSJPV ha declarado nula la convocatoria de plazas de Policia Local que el ayuntamiento de Irun puso en marcha en 2017 con 12 plazas por ser "discriminatorio" el hecho de exigir euskera para poder acceder a ese puesto. Consideran que es suficiente que uno de los dos agentes de cada patrulla lo hable para así garantizar los derechos lingüisticos de la población.

Desde el Gobierno vasco, el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, considera "conveniente" que el Ayuntamiento de Irun recurra ante el Tribunal Supremo dicha sentencia. Opinan que este fallo cuestiona aspectos relevantes de la política lingüística, aprobados por ley y consensuados entre partidos, instituciones y sindicatos. Por ello, y desde el respeto a la autonomía municipal, Zupiria ha considerado que sería "conveniente" que este consistorio recurriese la sentencia ante el Tribunal Supremo por "no respetar la normativa ni los procedimientos consensuados".

"Grave abuso de poder judicial"

A juicio de la izquierda abertzale, "estamos ante un grave abuso del poder judicial, que pone en cuestión la propia separación de poderes, porque al poder judicial no le corresponde cambiar la ley, que es precisamente lo que ha hecho. Esta sentencia modifica el sistema de perfiles lingüísticos que regula el decreto 86/2097".

De esta manera, la izquierda soberanista ha advertido de que "todo esto toca en el núcleo de nuestro autogobierno, ya que uno de los fundamentos del autogobierno es el régimen lingüístico" y ha reiterado que supone "un grave ataque contra los derechos lingüísticos de los vascoparlantes".

"El hecho de que un empleado público no sepa euskera no vulnera los derechos de los vascoparlantes porque los vascos también hablan castellano, así se argumenta. Esto convierte al euskera en lengua de segunda y a los vascoparlanes en ciudadanos de segunda", ha criticado.

La coalición soberanista ha considerado que "hay una eficacia judicial y política en la cuestión de los perfiles lingüísticos que es contraria a los derechos lingüísticos de los vascoparlantes". En su opinión, "si un vascoparlante no puede hablar en euskera con un empleado público en el pueblo donde el euskera es oficial, estamos ante un grave problema de democracia".