Gipuzkoa recaudó irregularmente 40 millones en los peajes anulados por los tribunales

La Diputación de Gipuzkoa ha recaudado 38,5 millones de euros desde 2018, periodo en que entró en vigor el cobro a vehículos pesados en su tránsito por la AP-15 y la Nacional 1, hasta el pasado mes de octubre de 2021, momento en el que el Tribunal Supremo puso fin al cobro de los peajes al declarar ilegal la norma foral que establecía dichos peajes. Tal y como informa la 'Cadena Ser', el ente foral recaudó casi 11 millones de euros en 2018, el periodo con mayor recaudación; mientras que el pasado año 2021 fue, con 8 millones de euros, el de menor ingreso por el tránsito en esta autovía.

El cobro de los peajes de estas vías a su paso por Gipuzkoa tiene un largo recorrido judicializado entre la Diputación de Gipuzkoa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desde que en 2018 entrase en vigor la primera norma foral al respecto del cobro a los vehículos pesados. El TSJPV declaró ilegal el cobro de estos peajes, pero la Diputación interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y siguió cobrando los peajes. La situación se reprodujo exactamente en 2019 cuando Gipuzkoa elabora una segunda norma foral que el TSJPV también declara ilegal y la Diputación vuelve a presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo y continúa cobrando los peajes. El pasado año, el Tribunal Supremo puso fin al litigio al rechazar el cobro tanto de la primera como de la segunda norma foral. 

A partir de ese momento, la Diputación de Gipuzkoa dejo de cobrar peajes a los vehículos pesados que atraviesan su territorio por la N-I y la A-15, tras la publicación de la sentencia que anuló la norma que los amparaba.

Las Juntas Generales de Álava aprobaron a finales del pasado año una tercera norma foral con lo que se calcula que los camiones volverán a pagar a finales de 2022 o principios de 2023. La intención de la nueva Norma Foral, es que los casi 77 kilómetros que conforman la totalidad del recorrido en territorio guipuzcoano sean de pago, en lugar de los actuales 19 kilómetros de carretera, establecidos en tres tramos: Etzegarate, Andoain y Astigarraga. La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, explicó en su día al respecto que la nueva norma foral "está diseñada para evitar la discriminación que, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contenían las dos normas forales anteriores" y "evitará cualquier posible discriminación a cualquier transportista de paso que cruza el territorio frente al local", ya que "todo el recorrido de las dos vías será de pago".

En cuanto a la petición de las asociaciones de transportistas de que se devuelva el dinero pagado por los peajes anulados, la Diputación siempre ha defendido la legalidad de su cobro y descartado, por ello, reembolsar de oficio estas cantidades.