Hace escasas horas, el Tribunal Superior de Justicia iba más allá que la fiscalía y tumbaba la propuesta del lehendakari para ampliar el uso del pasaporte covid hasta el 13 de febrero. La sala de lo contencioso administrativo, presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido, rechazaba extender su uso a los hoteles y salones de juego y apuestas, con lo que propina un nuevo revés judicial al Gobierno de Urkullu. El certificado solo podrá pedirse en ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, se ha pronunciado directamente ahora sobre esta cuestión, afirmando que el el Gobierno vasco decide sobre la adopción de restricciones para intentar frenar la pandemia de covid "según sus competencias y con criterios que cree razonables desde el punto de vista sanitario", mientras que al TSJPV le corresponde "ponderar si esas medidas precisan de un nivel de sacrificio de los derechos fundamentales".
Preguntando por la diferencia de criterios entre el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el TSJPV ha recordado que la normativa en relación a la covid "ha sido cambiante" según la evolución de la pandemia y, desde esa perspectiva, "cada órgano ejerce su función en el ámbito de sus competencias: el Gobierno desde criterios que cree razonables desde el punto de vista sanitario y los tribunales desde el punto de vista de restricción de los derechos fundamentales", ha recogido Efe.
Esta decisión no ha sentado nada bien en Lakua y aunque la "respeta", "no la comparte" y ya está estudiando los pasos a seguir. El pronunciamiento del Tribunal se convierte así en un nuevo rifi rafe entre el Gobierno vasco y el TSJPV que en esta ocasión reprocha a los servicios jurídicos del Ejecutivo falta de celo en la argumentación.
Aún así, el varapalo judicial es especialmente afilado dado que el auto afea al Gobierno vasco reutilizar los argumentos empleados en anteriores solicitudes olvidando incluso citar la variante del virus, ómicron, que ha provocado esta sexta oleada de contagios. El auto de la sala de lo contencioso administrativo recrimina al Gobierno que es "preciso que justificara la eficacia y necesidad" de mantener el uso del certificado covid "con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores y en la que soslaya las nuevas circunstancias".
Las argumentaciones de la sala en su auto han sido especialmente duras en esta ocasión para un Ejecutivo que ya se ha quejado en numerosas ocasiones de cierta imposibilidad de gestionar medidas para frenar los contagios por culpa de las decisiones de los tribunales. Una situación que les llevó a plantear una Ley Antipandemia, aprobada en el Parlamento antes de verano, y que buscaba dar más fuerza legal a medidas que ya estaba facultada para adoptar con sus competencias.
En otoño las manifestaciones del Gobierno y del PNV provocaron que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitiera una nota reclamando respeto para mantener la independencia en sus decisiones. Así que esta nueva sentencia eleva aún más la tensión entre Lehendakaritza y la sala de gobierno del TSJPV de los Jardines de Albia.