El pacto educativo vasco plantea eliminar las cuotas de la escuela concertada

Uno de los grandes objetivos de la futura Ley de Educación es fomentar la convivencia y la diversidad en los centros escolares. Por ello, el Servicio Vasco de Educación "sostendrá con recursos públicos a los centros, con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social". Así, se establece en el primer borrador del pacto educativo al que ha tenido acceso 'Crónica Vasca' y que marca las principales líneas a seguir por la futura ley.

Fuentes consultadas por 'Crónica Vasca' explican que los centros concertados recibirán financiación pública en función del cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen la inclusión escolar. La segregación escolar es uno de los principales problemas a solucionar en el sistema educativo vasco, ya que la mayor parte del alumnado de origen inmigrante y con escasos recursos se concentra en escuelas concretas del sistema público.

Asimismo, el texto expone garantizar la gratuidad real eliminando las cuotas de escolarización. "Las necesidades educativas básicas de los alumnos se financiarán al 100% y se procurará
una mayor ayuda a quienes se hallen en condiciones sociales más complejas". Por lo que se entiende que el objetivo es eliminar la cuotas que pagan las familias en los centros concertados. Precisa que la educación obligatoria será gratuita, al menos a partir de los 3 años, al igual que la Formación Profesional de grado básico y la administración deberá asegurar los recursos públicos para ello.

El borrador apuesta también por el euskera como "eje" del modelo linguístico e incide incide en que "los currículos deben garantizar el dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria". Incorpora también el "conocimiento suficiente" de una tercera lengua extranjera. En relación a los modelos lingüísticos, el texto no hace una referencia concreta a la posible desaparición de los actuales modelos educativos existentes, el A (enseñanza en castellano), el B (castellano y euskera) y el D (euskera).

Se aclara, no obstante, que los centros sostenidos con fondos públicos podrán elaborar un proyecto lingüístico "teniendo en cuenta el entorno sociolingüístico y los perfiles del alumnado". El objetivo final, añade, es que la totalidad del alumnado adquiera capacidad comunicativa en ambas lenguas oficiales y que los centros sean "lugares de respiro para el euskera". El documento garantiza, además,  la autonomía de cada centro para desarrollar sus propios itinerarios.

El presidente de la ponencia por el pacto educativo, Gorka Álvarez, ha trasladado este martes los principios por los que se regirá la futura Ley de Educación al resto de grupos parlamentarios, quienes realizarán sus aportaciones al mismo para conformar el texto definitivo. Se trata de una primera propuesta que sirva de base para alcanzar un acuerdo marco al respecto. La constitución de la ponencia fue aprobada por el Parlamento vasco el 14 de octubre del año pasado y en este órgano han expuesto sus opiniones alrededor de un centenar de expertos y agentes educativos como sindicatos, organizaciones, asociaciones de padres y madres, así como representantes de las patronales de la escuela concertada, entre otros.

Los grupos tienen ahora de plazo hasta el próximo día 18 para presentar sus aportaciones, que se votarán en ponencia el 28 y el texto definitivo se aprobaría el 8 de marzo en comisión para su posterior remisión al Gobierno Vasco. Este documento final será remitido al Gobierno Vasco para que sea tenido en cuenta a la hora de elaborar la Ley de Educación, cuyo proyecto de ley se aprobará en el segundo semestre de este año, según el calendario legislativo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, y sustituirá a la actual normativa que data de 1993.