La mujeres vascas son mayoría en trabajos en Sanidad, Justicia y Educación

Las mujeres copan los puestos de trabajo en las instituciones sanitarias, la administración de justicia y los centros educativos no universitarios, con aumentos en prácticamente todos los casos respecto a 2015, año de referencia de la Agenda 2030.

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha informado este miércoles de que continúa con su tarea de ampliar y desagregar la batería de indicadores que permiten cuantificar el grado de consecución de las 169 metas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la comunidad autónoma.

Entre los nuevos indicadores está la proporción de plazas ocupadas en Euskadi por mujeres respecto a su población con edades de entre 16 y 64 años en distintas entidades del sector público estatal, autónomo, foral y local.

Lejos de la paridad en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Aunque se han dado avances en la presencia de la mujer en la administración pública, aún se está lejos de la paridad en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Ertzaintza.

En todas ellas, la ratio de la proporción de plazas ocupadas por mujeres respecto a la proporción de mujeres de 16 a 64 años se situaba el año pasado, tras un tímido avance con respecto al año 2015, en alrededor del 0,25.

En estas ratios un valor de 1 significa que hay el mismo porcentaje de mujeres en el ámbito concreto laboral estudiado que en la población, por lo que una cifra superior significa que el porcentaje de mujeres es mayor, que hay una sobrerrepresentación, y una inferior a 1 es que hay una infrarrepresentación de la mujer en el sector.

Dos agentes de la Ertzaintza / EUROPA PRESS

También muy lejos en el sector público

La presencia de la mujer en el sector público del Estado presente en Euskadi también se encuentra lejos de la representación equilibrada. En el extremo opuesto, con una representación de la mujer "muy alta", se encuentran las instituciones sanitarias autonómicas (1,57), la administración de justicia autonómica (1,55), así como los centros educativos no universitarios (1,49) y el sector público autonómico.