Solo el 27% de las viviendas vascas con calefacción central han instalado ya contadores individuales de costes, a falta de un año para que este tipo de hogares deban dejar de pagar en función del gasto total de los vecinos y pasen a hacerlo en función del consumo individual. Este cambio en la medición del consumo de gas viene marcado por el Real Decreto que regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios nuevos y existentes y que fue aprobado el 4 de agosto de 2020.
En total son 113.760 los núcleos familiares potenciales de individualizar su consumo en Euskadi, de los cuales solo 36.110 han llevado a cabo esta acción. País Vasco es la tercera Comunidad Autónoma -por detrás de Asturias y Navarra- donde más repartidores se han instalado, según los datos ofrecidos por Ista, empresa dedicada a la medición de consumos de calefacción. No obstante, Madrid (15%), Castilla La Mancha (14%) y Galicia (9%) son las más atrasadas.
Por territorios, Bizkaia dispone ya de 62.700 dispositivos individuales, le sigue Álava con 40.000 y Gipuzkoa cuenta con 11.060. Esta nueva normativa tiene como fin último que las instalaciones centralizadas de climatización se utilicen de la forma más eficiente posible desde el punto de vista energético. Por ello, presenta ahorros potenciales de hasta 307 euros tanto Bizkaia como Gipuzkoa y de 280 euros en Álava.
No obstante, un 21% de las viviendas vascas presentan cálculo negativo, es decir, no necesitan instalar este aparato porque “no es rentable para la finca”. Esto responde a una de las excepciones que plantea el Real Decreto 736/2020 por las que quedan exentos de la instalación de dispositivos de medición de consumos aquellos edificios en los que “no sea técnicamente viable y económicamente rentable”.
A nivel nacional, solo el 20% de los hogares españoles han instalado ya repartidores de costes. Para mayo de 2023 un total de 1,5 millones de viviendas con calefacción central tendrán que contar con contadores y repartidores que midan el consumo individual, lo que permitirá facturar el gasto por unidad familiar, según advierten desde Ista.
Sanciones de hasta 10.000 euros
Una vez haya pasado mayo de 2023, las viviendas que no hayan procedido a la individualización de la medición de su consumo se exponen a sanciones que oscilan entre los 1.000 y 10.000 euros. Así, en España hay actualmente 1,3 millones de viviendas que se podrían quedar en "situación de ilegalidad", advierten en Ista, ya que solo 250.000 han dado el paso de instalar contadores individuales.
A pesar de la generalidad de la norma, existen excepciones, entre las que se encuentran los archipiélagos y las zonas más cálidas del litoral mediterráneo, Canarias, Baleares, zona de Levante, Guadalquivir, Ceuta y Melilla.