Este martes, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, anunciaba una inversión de 900.000 euros en el yacimiento Iruña-Veleia, procedente de fondos europeos a la Diputación de Álava, con el objetivo de revitalizar el centro arqueológico y "recuperar el buen nombre" del mismo. La pretensión del Gobierno foral es que la ciudad romana de Iruña-Veleia se transforme en un yacimiento escuela, además de ser un recurso cultural y turístico, y para ello pondrá en marcha junto al Ejecutivo vasco un proyecto de revitalización que se extenderá hasta 2025. Este lugar, a tan solo 10 kilómetros de Vitoria, tiene restos que abarcan más de 1.500 años de historia: desde el primer milenio de Antes de Cristo hasta el siglo V Después de Cristo.
Pero, ¿por qué Iruña-Veleia tiene que "recuperar su buen nombre"?. Este anuncio del Gobierno de Urkullu es la ocasión perfecta para recordar el gran escándalo en el que se vio envuelvo este yacimiento arqueológico 'Iruña' por su ubicación, Iruña de Oca, y 'Veleia' por el nombre de la ciudad romana. Según apuntan los historiadores, este lugar tuvo más de 10.000 habitantes en su momento cumbre. Por comparar con otros lugares de referencia, Mérida llegó hasta los 50.000 y Tarragona 30.000. Por ello, algunos expertos aseguraban que podría haberse convertido en una pequeña Pompeya. En Europa no había otra concentración arqueológica con más descubrimientos por metro cuadrado.
Iruña Veleia / Ayto. Iruña de Oca
Piezas sobre el origen del euskera que alteraban la historia del cristianismo
Pero la polémica llegaba en 2005-2006 tras la presentación de cientos de piezas aparentemente falsas. Se trataba de unos hallazgos que, de haber sido auténticos, habrían adelantado en varios siglos el origen documentado del euskera, y, por tanto, habrían alterado la historia del cristianismo. El director de la excavación, Eliseo Gil, mostraba piezas de barro con la inscripción de un calvario del siglo III que las convertía en la representación de la crucifixión de Cristo más antigua de la historia. Además de otras con referencias egipcias y en euskera que adelantaban 600 años a los primeros vocablos escritos que se conocen en esta lengua.
En un primer momento todo eran buenas noticias. De hecho, la empresa de Eliseo Gil, Lurmen, lograba un patrocinio de 3,7 millones de Euskotren, además de las ayudas concedidas por la Diputación de Álava, la propietaria del yacimiento y el renombre internacional que fue adquiriendo el equipo liderado por Gil. No obstante, para los expertos había algo que no cuadraba y una comisión de 26 expertos comenzaba a examinar las piezas para comprobar la autenticación. El resultado llegaba dos años después, en 2008: las piezas eran falsas. Estos expertos concluían que las más espectaculares e importantes habían sido manipuladas y eran en total 476 fragmentos arqueológicos sin demasiado valor.
Aquí empezaba el periplo judicial contra Eliseo Gil. En mayo de 2009, la Diputación alavesa presentaba dos querellas contra el director de la excavación, por estafa y por daños al patrimonio artístico y pedía para él siete años y medio de prisión, mientras la Fiscalía de Álava pedía cinco años y medio. Un sumario con más de 16.000 folios. Junto a Gil, se sentaban también en el banquillo sus dos colaboradores más cercanos: Óscar Escribano, para quien pedían también cinco años y medio, y Rubén Cerdán, dos años y medio.
Eliseo Gil antes de la celebración de una de las sesiones del juicio./ EFE
Más de una década de investigación y una condena mínima
Tras más de diez años de ardua investigación, en junio de 2020 llegaba la sentencia a esta controvertido juicio. El juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria interponía una condena penal a Eliseo Gil por falsedad documental y también por estafa de 2 años y 3 meses. Unas penas mínimas por la atenuante a causa de las dilaciones indebidas en la investigación. Además, la sentencia apuntaba que Gil debía abonar a la Diputación la irrisoria cantidad de 72 euros, dos euros por el daño hecho a cada una de las 36 piezas arqueológicas falsas. La Diputación, apoyándose en una estimación de la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco, solicitaba que fuesen 600 por cada una de ellas.
El director de la excavación y sos dos colaboradores recurrían esta decisión pero, a finales del 2021, la Audiencia Provincial de Álava daba carpetazo a su petición y desestimaba dichos recursos, confirmando así la condena. No obstante, los acusados seguían defendiendo su inocencia y elevaban su recurso hasta Tribunal Constitucional "en la esperanza de que lo admita y resuelva favorablemente a sus intereses". Esa ha sido la última noticia que ha girado en torno a este escándalo arqueológico, hasta que esta misma semana llegaba la inversión del Gobierno vasco para "recuperar el buen nombre" de Iruña-Veleña que lleva más de quince años con la sombre de la polémica a cuestas.