Entre 1937 y 1941 pasaron por el campo de concentración y posterior prisión de Orduña alrededor de 50.000 personas. Aunque la mayoría de ellos no fueron vascos, y provenían de territorios lejanos como Extremadura o Castilla-La Mancha, durante esos años se vivió en aquella pequeña localidad de Bizkaia, de ahora poco más de 4.000 habitantes, un tiempo en el que las pésimas condiciones y los trabajos forzados eran la tónica del día a día.

Algunos de ellos, no llegaron a aguantar las condiciones del que llegó a ser uno de los campos más grandes de España. Entre 1937 y 1941, murieron un total de 249 personas; todos ellos, según cree Gogora -el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos vasco- están enterrados en el propio cementerio del municipio. 82 años después, el Gobierno vasco, junto a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y con la colaboración del Ayuntamiento de Orduña, busca a los familiares de estos prisioneros. Y, aunque el proyecto lleva años activo, es este sábado cuando representantes vascos se trasladan a Extremadura para intentar encontrar a los familiares de las víctimas extremeñas, que suponen más de la mitad de las totales.

El campo de concentración de Orduña (1937-1939)

Menos de un año después de que comenzase la guerra civil española se abrió, en el colegio de los Padres Jesuitas de Orduña, uno de los primeros 226 centros de concentración del país, también llamados campos de concentración de Franco. Con una capacidad máxima de 4.000 prisioneros, su objetivo era “la clasificación de prisioneros”, explica Ruth Cancelo, técnica de Memoria Histórica de Gogora y coordinadora del proyecto. “No eran sitios para estar mucho tiempo por lo que durante esos dos años se estima que pudieron llegar a pasar en torno a 50.000 prisioneros. Además, pese a que tenía una capacidad máxima de 4.000 prisioneros, las condiciones eran muy malas y llegaba a haber hacinados muchos más”, describe. En su momento, se decidió instalar en este lugar el campo porque Orduña ya contaba con las instalaciones "propicias y que podían empezar a utilizarse de inmediato", las del colegio. De hecho, este colegio funcionó a pleno rendimiento hasta 1932, fecha en la que fueron expulsados los Jesuitas.

Así, entre julio de 1937  y septiembre de 1939 muchos de los manchegos, catalanes y extremeños reclutados por las tropas de Franco fueron trasladados allí. El perfil, tal y como analiza Cancelo, es el de “combatientes muy jóvenes que se capturaban en el frente y que eran trasladados -durante horas, sin comida ni agua- a este campo de concentración, tan lejano de sus localidades natales, para mortificarlos a ellos y a sus familias”. Además, a diferencia de otros que eran mixtos, se concibió desde un inicio como un campo solo para hombres. Y añade: “Se pretende aislarles por completo de sus seres queridos, que no tuvieran ningún tipo de ayuda de su familia, ya que cuando estaban cerca o en su pueblo esta les visitaba, les llevaba comida, ropa, les ayudaba de alguna manera. Estando tan lejos, en un lugar que nadie te conoce, nadie te ayuda. Era otro tipo de represión”. 

Durante este periodo, además de soportar “condiciones inhumanas” y estar hacinados, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzosos. “Salían a trabajar durante todo el día y volvían al campo de concentración”. Entre estos trabajos, enumera la coordinadora del proyecto, estaban la construcción de carreteras o el monumento de la Virgen de la Antigua en  la propia  localidad. Por todo ello, fueron 24 las personas que fallecieron en aquel lugar durante esos dos años.

Prisión de Orduña./Jaime del Olmo

La prisión de Orduña (1939-1941)

En septiembre de 1939 termina la guerra civil y como consecuencia de ello, este campo de concentración se convirtió en la Prisión de Orduña, una de las que más tiempo se mantuvo abierta.  Un penal de carácter civil que permaneció abierto durante año y medio. Sus primeros prisioneros fueron parte de las personas que estaban en el campo anterior, otros, sin embargo fueron liberados. En este caso el perfil cambiaba, explica Ruth Cancelo: “Es gente mayor, con una media de edad de 50 años y muchos de ellos no son combatientes ni tienen una ideología política marcada. Provenían de otras prisiones o campos de concentración, como el de Castuera, por ejemplo. Ninguno era de Euskadi, eran catalanes, extremeños, de Castilla-La Mancha…”.

De los 5.000 prisioneros que se calcula que llegaron a pasar por esta prisión fallecieron 225, fundamentalmente de hambre; la mitad de ellos extremeños, mientras que otras 41 eran de Castilla- La Mancha -34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete-, 22 de Málaga y 7 de Tarragona.  “Los supervivientes pocas veces eran enviados directamente a casa, la mayoría eran enviados a otras prisiones de Euskadi o a la de Miranda”, añade. 

Para intentar encontrar a los familiares extremeños de estas víctimas este sábado el Gobierno vasco presenta en Castuera -Badajoz- todo el proyecto en el que lleva años trabajando e investigando sobre este recinto. Se traslada hasta Badajoz para tratar de identificar, a través de los familiares, los restos exhumados del cementerio de la localidad -recuperados en las dos campañas de excavación realizadas en junio de 2014 y diciembre de 2022-, pertenecientes hasta la fecha a 71 personas.