El Tribunal Superior vasco ya ha designado a la juez que asumirá las más de 200 sentencias sin dictar por otra magistrada en San Sebastián. Los fallos que aún no ha sido resueltos corresponden a un periodo de siete meses, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, aunque las demoras en su cometido se remontan a los últimos cuatro años. Por ello, como ha adelantado este diario, la juez sustituta del juzgado de lo social número 5 de San Sebastián ha sido apartada.
Las autoridades judiciales le incoaron cinco expedientes disciplinarios, que concluyeron con una sanción “por infracción grave por retraso”. Además, la paralización en la resolución de las 200 sentencias obligará a celebrar otros tantos nuevos juicios en un área, la social, que trata asuntos tan delicados como despidos o indemnizaciones laborales, y que por ello suele ser más ágil.
Para la celebración de las vistas, el Superior designó el pasado 22 de noviembre a una nueva magistrada para el juzgado de lo social 5 de San Sebastián con un plan concreto: celebrar cada semana 14 juicios durante seis meses, entre el 13 de enero y el 13 de julio. El alto tribunal vasco ya había abierto con anterioridad la presentación de solicitudes al puesto.
Se presentaron siete solicitudes y la elegida fue la juez del juzgado de instrucción número 1 de Gernika, Leyre Pérez, quien dejará su puesto actual para incorporarse al juzgado de lo social 5 de San Sebastián.
Como difundió este blog, en los últimos cuatro años se habían detectado multitud de quejas por los retrasos en las sentencias de este juzgado. El Tribunal Superior Vasco citó a varias entrevistas a la juez para que explicase las demoras. “No compareció a dichas entrevistas ni alegó formalmente el motivo del retraso, si bien informó al decanato de San Sebastián que se encontraba de baja, sin acreditarlo documentalmente”, señaló el alto tribunal.
La comisión del Superior vasco que designa los jueces sustitutos no le incluyó en el listado para el curso 2024-2025 y quedó “finalmente excluida por falta de idoneidad para el cargo”, según el acuerdo adoptado el pasado 24 de julio de 2024 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
El juez decano de San Sebastián asegura haberse puesto varias veces en contacto con la juez para “interesarme por la situación personal” y por los retrasos en las sentencias “sin obtener una respuesta satisfactoria a esta segunda cuestión”. Estas demoras han causado una gran preocupación en los abogados y graduados sociales de Gipuzkoa, según el juez decano.
En concreto, la juez apartada tiene pendientes, solo en el juzgado de lo social número 5, un total de 198 sentencias, ocho autos de aclaración y tres autos en procedimiento de ejecución. A ello se agregan 106 expedientes, “sin que se sepa si van a ser o no devueltos, lo que requerirá, en su caso, iniciar un expediente de recuperación de autos” y otras 9 sentencias en el juzgado de lo Social 1.
No es el único caso en Euskadi de un magistrado que incumple gravemente su trabajo. Hace diez años, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya suspendió de empleo y sueldo durante nueve meses al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo por haber acumulado en 11 meses más de 200 sentencias sin dictar. En 2021, el juez fue expulsado tras ser sancionado en una decena de ocasiones en los últimos años. Si de media un juez dicta 240 sentencias al año, el magistrado de Barakaldo firmaba tres al mes.
Aunque con bastante demora, el Tribunal Superior vasco ya ha nombrado a una nueva juez que solvente las más de 200 sentencias sin dictar en solo medio año en un juzgado de lo social de San Sebastián. Es escandalosa la dejación de funciones de una juez, especialmente en el apartado social, donde se juzgan asuntos tan sensibles como despidos de trabajadores, indemnizaciones o acoso laboral. Y es inconcebible que los retrasos se remonten a los últimos cuatro años. Una situación que nunca debiera repetirse y que agrava la ya habitual lentitud de la Justicia.