El Tribunal Supremo (TS) ha anulado en su totalidad el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, que transfería al País Vasco competencias en la homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros con los universitarios españoles.
Según recoge Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS considera que esta competencia debe ser "exclusiva del Estado", ya que implica verificar la formación que respalda dichos títulos.
Para ello, se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha determinado que la expedición y verificación de títulos profesionales universitarios son competencias estatales exclusivas.
La Sala ha dictado dos primeras sentencias, con ponencia del presidente de la Sala, Pablo Lucas, que estiman los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el Real Decreto.
Además, otros cinco recursos pendientes de resolución han sido interpuestos por entidades como el Consejo General de Colegios de Médicos y el Consejo General de la Abogacía Española.
El tribunal se plantea si el Acuerdo que recoge el Real Decreto impugnado es una ampliación de funcionesy servicios en materia educativa para el País Vasco o si, por el contrario, representa una transferencia inconstitucional de competencias estatales.
Según su análisis, la regulación y ejecución de la homologación de títulos extranjeros corresponden al Estado, sin posibilidad de delegación a las Comunidades Autónomas en los términos planteados en el decreto.
Por otra parte, considera que esta conclusión no entra en contradicción con el artículo 16 del Estatuto de Gernika, que dispone que es competencia de esta comunidad autónoma la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, ya que dicho artículo salva expresamente las facultades que el artículo 149.1 30ª atribuye al Estado.
También diferencia este caso de otros en los que se han traspasado competencias sobre homologación de títulos no universitarios a comunidades como Cataluña, Galicia o Andalucía.
El Real Decreto había sido suspendido cautelarmente el 24 de julio de 2024, medida que ahora se confirma con su anulación definitiva.