Una redada policial contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol en bares de toda España ha concluido con 166 responsables de establecimientos hosteleros investigados, algunos de ellos en Bilbao, por un delito contra la propiedad intelectual.



Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a más de 1.000.000 de euros, según informa este jueves la Policía Nacional que, de forma coordinada y simultánea, ha practicado inspecciones en los cerca de 200 bares sospechosos de emitir partidos de la liga y de la Champions League de forma fraudulenta.



Fue en enero cuando los agentes iniciaron sus pesquisas a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos de hostelería de diferentes provincias españolas, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido.

Local de hostelería. / EP

166 bares con emisión fraudulenta de partidos

Tras diversas comprobaciones, los investigadores confirmaron que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas -Bilbao, Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, y Barcelona- estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol.



Con esta información se puso en marcha un macro operativo para realizar de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol de LaLiga Santander.



Como resultado del mismo se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.



A los titulares de los establecimientos comerciales investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o micro controladores accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados.



Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían