Nueva red desmantelada de la mano de Guardia Civil en el marco de la operación "Magna-Vallis". Los detenidos se dedicaban a las estafas de mascotas por internet y además habían obligado a un anciano de avanzada edad, que ya ha sido liberado, a ejercer mendicidad y a quien le abrieron numerosas cuentas bancarias para cometer estafas.
En total, el cuerpo policial ha detenido a 18 personas en Bizkaia y una en Burgos, y otras tres están siendo investigadas. Eso sí, todas ellas estaban asentadas en Bizkaia y ahora se les imputa por posibles delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
Hasta el momento, según informa Efe, se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
Una agente de la Guardia Civil de espaldas
Modus Operandi
La investigación comenzó tras una denuncia en febrero de 2025, cuando una persona manifestó haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.
En este sentido, el grupo criminal publicaba anuncios de venta o adopción de animales y exigía a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos: vacunas, transporte, chip, jaula... mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias.
En total, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización —que ya han sido bloqueadas judicialmente—, mediante las cuales engañaban a los compradores.
Los presuntos autores destinaban parte del dinero obtenido, junto con una fracción de las prestaciones sociales que percibían —RGI e IMV—, a inversiones en criptomonedas valoradas en más de 55.000 euros. La Guardia Civil cifra en más de 560.000 euros las prestaciones sociales percibidas de manera indebida.