El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, no se someterá al necesario escrutinio por parte del Parlamento autonómico. Esta semana los socios del Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE, tumbaban una iniciativa del PP Vasco y Elkarrekin Podemos-IU para que el Parlamento crease una comisión especial para investigar los responsabilidades políticas del Departamento vasco de Educación en la contratación de Joanes Labayen como asesor puntual durante la crisis del transporte escolar al inicio de este curso académico.
Tal era el clamor de la oposición para poner en marcha esta comisión que hasta Bildu y Vox, por una vez, votaron lo mismo: a favor de la propuesta. Pero peneuvistas y socialistas echaron el cierre. La propuesta tenía como objetivo, no puede olvidarse, investigar la contratación de Labayen, miembro del consejo de administración de Autocares Urpa S.L, a la que adjudicaron 15 rutas de transporte escolar en Gipuzkoa por valor de 4 millones de euros, durante una de las últimas crisis que ha traspasado el Departamento que dirige Bildarratz.
Tumbar esa propuesta es legítimo, pero no es lo más apropiado. Si realmente Bildarratz no tiene nada que ocultar en este caso, ¿por qué no comparecer y volver a dar explicaciones, las veces que sea necesario, aunque sea repetitivo, sobre los hechos por los que la oposición le señala? ¿Por qué el consejero no acude voluntariamente a aclararlo todo? El ejercicio de la política requiere de más y mejor transparencia. En este caso y en muchos otros. Las explicaciones nunca están de más.