El Tribunal de Cuentas del Estado, ubicado en Madrid,  ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento de Iurreta por las irregularidades en la gestión municipal, como adjudicaciones sin control (entre ellas a la hija del arquitecto municipal), falta de transparencia en contratos menores o el acoso laboral de la interventora. Es la tercera investigación en marcha contra este consistorio, surgidas tras el cese de la anterior secretaria municipal por la Diputación de Bizkaia el pasado 24 de noviembre, solo ocho días después de que el juzgado de Durango abriera las diligencias de investigación penal.

Esta fue la primera investigación judicial iniciada, a la que siguió una segunda, abierta el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Bilbao, por ocultar las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde. 

En una comunicación, fechada el pasado 14 de julio, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, anuncia la apertura de una investigación en este organismo dependiente del Gobierno central por la “existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica, presupuestaria y de personal del Ayuntamiento de Iurreta”.

El Tribunal de Cuentas acepta así la denuncia que formuló el pasado 25 de enero la anterior secretaria municipal, Irma Domingorena, quien relató múltiples irregularidades. Entre ellas, las adjudicaciones de contratos mejores, (los que se tramitan sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) y que solo son controlados por la interventora, Leire Morejón. Esos contratos no se plasman en decretos “y no hay dación de cuentas ni en el pleno ni en las comisiones informativas”.

Entre estas adjudicaciones sin control, destaca una directa de un contrato de servicios a la hija del arquitecto municipal a propuesta de él mismo. “Es un contrato de servicios de apenas 3.000 euros y cuando lo detecto ya se ha ejecutado y abonado”, señala la denuncia. Es un contrato “propuesto por el padre, responsable de área y certificada, también por el padre, la buena ejecución del contrato”.

La entonces secretaria municipal señala que entre el propio personal del ayuntamiento “da lugar a habladurías la contratación de un proyecto a la hija del arquitecto municipal”. Señala que el arquitecto municipal “era inicialmente asesor externo del ayuntamiento con despacho externo. No ha pasado ningún tipo de proceso de selección y no acredita ni el perfil I de euskera cuando la plaza tiene asignada el perfil IV preceptivo. Lleva en al Ayuntamiento más de 20 años”.

Una parte importante de la demanda se centra en la actitud de la interventora municipal Leire Morejón, a quien acusa de acoso laboral a los empleados, especialmente a quien ocupó su puesto antes de su llegada. “Alega que llevarse mal con el personal subordinado es inherente al cargo”.

La interventora es acusada de retirar a empleados complementos salariales que debieron ser repuestos, retrasar el día de pago de las nóminas o la inasistencia a reuniones específicas de su labor como las comisiones y plenos de presupuestos. “Esgrime motivos de conciliación familiar a dichos órganos colegiados, aun cuando percibe un complemento específico del 5% por ampliación de jornada”.

Y a ello se unen casos de absentismo laboral. “Esta secretaria ha podido constatar que al menos un tercio de su jornada no se ha presentado a su puesto de trabajo. Ausencia que ha sido justificada personalmente por el alcalde. Este absentismo es público y notorio, conocido por todo el personal municipal y por algunos de los concejales que han tenido enormes dificultades para contactar con ella”

La situación se agrava al final de las vacaciones de verano, cuando la interventora emite un informe de fiscalización negativo a las nóminas del personal. La secretaria municipal, señala la denuncia, entiende que “el retraso en el pago de las nóminas es un acto premeditado y deliberado, para enfrentarse directamente a esta secretaria municipal, aprovechando mi ausencia del Ayuntamiento y continuar con su costumbre de hacer a su antojo.”. Traslada esta opinión al alcalde, con quien mantiene un duro enfrentamiento por wasap. Este episodio sería determinante para el cese de la secretaria.

El alcalde de la localidad vizcaína de Iurreta, Iñaki Totorikaguena (PNV), ya tuvo que declarar, en marzo pasado, en la investigación penal, ante la juez de Durango encargada del caso. Negó que conociera casos de acoso laboral en el ayuntamiento pese a que, según consta en la investigación, fue advertido de ello por escrito el pasado año. “No tuve ningún conocimiento, no he recibido ninguna comunicación ni por escrito ni verbal de acoso”, aseguró en una declaración que se contradice con un escrito recibido el pasado 14 de junio por el alcalde, remitido por la entonces secretaria municipal, que le informaba de situaciones de acoso laboral a varias trabajadoras por parte de la interventora municipal, también imputada junto al alcalde.