Iigo Totorikaguena, alcalde de Iurreta. / PNV

Iigo Totorikaguena, alcalde de Iurreta. / PNV

Bizkaia

Un juzgado archiva la investigación por acoso laboral en el Ayuntamiento vizcaíno de Iurreta

La denuncia desestimada provisionalmente fue presentada por la anterior secretaria municipal, quien fue cesada hace ahora un año por la Diputación de Bizkaia tras desvelar las irregularidades en el ayuntamiento

26 noviembre, 2021 05:00

Un juzgado de Durango no ve acoso laboral contra trabajadores del Ayuntamiento vizcaíno de Iurreta, una investigación en la que estaban imputados el alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV) y la interventora municipal. La titular del juzgado de instrucción 3 ha archivado las indagaciones abiertas hace un año al entender que “se trata de discrepancias en el ámbito puramente administrativo y desavenencias en el puesto de trabajo”.

La denuncia desestimada provisionalmente (con toda probabilidad deberá ser examinada por la Audiencia de Bizkaia) fue presentada por la anterior secretaria municipal, quien fue cesada hace ahora un año por la Diputación de Bizkaia tras desvelar las irregularidades en el ayuntamiento.  Además, otra trabajadora declaró al juzgado que había sufrido acoso y que informó repetidamente de ello al alcalde. “No ha querido solucionar el tema, no ha tomado medidas para evitar ese ataque frontal”, declaró en la investigación a la juez Josune Rada, empleada municipal en Iurreta desde hace 27 años y en baja por ansiedad desde febrero pasado.

La trabajadora había asegurado que no emprendió ningún protocolo de acoso “porque eran mi jefa y el alcalde y tenía miedo en denunciar. Me veía muy aislada en el ayuntamiento, no podía hablar prácticamente con nadie”. Justificó que solo había recurrido a los tribunales una de las irregularidades (un caso de retribuciones salariales, que está ahora en el Tribunal Superior de Justicia del País) “porque tengo miedo a ella y a que no se me respalde, que es lo que estoy viendo que ocurre”.

En su declaración, admitió que, aunque “no he tenido trato degradante del alcalde”, había echado en falta una mejor respuesta y respaldo.

La exsecretaria municipal Irma Domingorena, quien empezó a trabajar en el consistorio en marzo de 2020, aseguró, en su declaración a la juez, que se encontró con que la interventora describía “al personal, con descalificaciones durísimas, de inútiles, tontas y torpes. Especialmente cruda es contra Josune Rada. Se lo comenté al alcalde que hay más que una mala relación. El alcalde dice que hay quejas generales del mal carácter y la interventora me dice que es inherente al cargo llevarse mal con el personal”.

Sin embargo, el juzgado de instrucción 3 de Durango, en un auto dictado el pasado 22 de noviembre, ha acordado archivar la investigación, que incluía un supuesto delito de prevaricación del alcalde por el cese de la anterior secretaria municipal. “No existen indicios suficientes acerca de la comisión de los delitos por los que se interpuso la denuncia”.

Sobre la prevaricación, la juez señala que el cese fue una decisión “puramente administrativa” en la que se “se siguieron los trámites y formalidades exigidos”. En cuanto al acoso, concluye que no hubo “descalificaciones de carácter directo que pudieran suponer encontrarnos ante un delito de acoso laboral”.

La juez agrega, sobre la destitución de la secretaria municipal, que ya existe otra investigación en el ámbito contencioso-administrativo. Esta es la otra instrucción judicial abierta en este caso, que fue incoada el pasado 26 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Bilbao, por ocultar las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde.

Además, el Tribunal de Cuentas del Estado también ha archivado otra investigación sobre irregularidades en la gestión municipal, como adjudicaciones sin control (entre ellas a la hija del arquitecto municipal) o falta de transparencia en contratos. En una resolución dictada el pasado 17 de noviembre, concluye que “no se aprecia la existencia de menoscabo alguno en los fondos públicos”.