La Justicia avala que el municipio vizcaíno sin ayudas para el agua pueda exigirlas "sin chantajes"

El conflicto sobre la gestión del agua en el municipio vizcaíno de Karrantza tiene un nuevo capítulo. La Justicia avala que esta localidad pueda exigir "sin chantajes" las ayudas por 30 millones para mejorar su red de abastecimiento y saneamiento que la Diputación vizcaína anuló de forma unilateral hace dos años. Dos sentencias del Tribunal Superior vasco de Justicia aluden a que Karrantza pueda reclamar “una cooperación técnica y económica” sin entrar en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, la razón de fondo para la anulación de las ayudas.

Los fallos judiciales se conocen cuando Karrantza anunció la semana pasada que tendrá que recurrir a camiones cisterna con agua de municipios de Cantabria para solventar los problemas de abastecimiento. El alcalde Raúl Palacio denunció la “falta de solidaridad” de la Diputación vizcaína para solucionar esta falta de agua.

El conflicto sobre el tratamiento de agua en este municipio de la zona oeste de Bizkaia viene de años atrás. En el fondo está la reticencia del Ayuntamiento de Karrantza, gobernado por la plataforma independiente Karrantza Zabala, de integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, por el perjuicio económico para el municipio. “Las condiciones de entrada al CABB (Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia) no son viables para la estabilidad presupuestaria”, concluye un informe del interventor municipal  que “informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado requerido”.

Un informe de la auditoría Deloitte, elaborado en mayo de 2018, determinó que, con la integración, las nuevas tarifas de agua supondrían el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas del municipio al ser “incapaces de remunerar su mano de obra propia”. Además, incidió en que se exige el Ayuntamiento que, antes de integrarse en el Consorcio, debe reparar toda la red secundaria de abastecimiento (más de 9 millones de euros) y ejecutar la planta de tratamiento (más de 20 millones).

La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza suscribieron un convenio para mejorar el saneamiento en 2011 pero, tras diversos trámites y elaboración de proyectos, las gestiones están paradas desde 2013, justo cuando el Ayuntamiento acordó no integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Pese a ello, la Diputación suscribió con el Consistorio en 2014 el convenio del abastecimiento de agua que se paralizó en 2016. La depuradora que se construyó (y que debía conectarse a otras tres que operan actualmente en Karrantza) está sin utilizar tras una inversión de 9 millones de euros.

Hace dos años la Diputación de Bizkaia rescindió los dos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Karrantza hace ya 11 años. La ley obliga a las diputaciones, como entidad supramunicipal, a prestar asistencia a los ayuntamientos que, con su propio músculo financiero, no pueden ejecutar infraestructuras de alto coste como las estaciones depuradoras o de abastecimiento de agua.

La paralización de los convenios llevó al Ayuntamiento de Karrantza a presentar el pasado año dos denuncias en los tribunales, por la no ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento, respectivamente.

El Tribunal Superior vasco, en dos sentencias dictadas el pasado 1 de julio ha considerado que los dos convenios están ya caducados. Pero se une a la tesis de Ayuntamiento de Karrantza que la razón última de la anulación, y por tanto la paralización de las ayudas por 30 millones de euros, se debe a la negativa a integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).  En el fallo sobre las ayudas al abastecimiento, señala que “con respecto a la extinción de que se trata en las presentes denotan cierta connotación entre el hecho de no haberse integrado el Ayuntamiento de Karrantza en el CABB y ,así, bien puede entenderse que tal circunstancia no es ajena al propósito que anida en el Acuerdo recurrido”.

En la sentencia sobre el saneamiento, deja abierta la vía a que el Ayuntamiento pueda exigir esas ayudas sin la obligación de consorciarse. Así, expresa que “el decaimiento del convenio  no prejuzga negativamente cuantas acciones puedan asistir al Ayuntamiento recurrente para hacer valer en derecho la necesidad de una cooperación técnica y económica diferenciada ajena a dicho instrumento por parte de las otras instituciones comunes o forales del País Vasco, en la que dicho municipio ejercite dentro de la legalidad la capacidad decisoria que le corresponda y, -de ser ese el caso-, al margen del Consorcio de Aguas, del que precisamente la extinción del referido convenio en vez de someterle, le libera indiscutiblemente” 

De esta forma, la Justicia advierte, por vez primera, que la entrada en el Consorcio de Aguas vizcaíno es voluntaria y no debe imponerse para recibir ayudas de la Diputación vizcaína.