El Gobierno vasco destinará 62 millones de euros a digitalizar la Administración

El departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco destinará casi la mitad del presupuesto con el que contará el próximo año (un 48,6 %) a acelerar la digitalización de la Administración, según ha detallado esta tarde la titular de la consejería, Olatz Garamendi. La consejera ha explicado en comisión del Parlamento vasco las principales partidas del proyecto de presupuestos de 2021 para su departamento, que gestionará 129,4 millones de euros, un 5,6 % más.

Se trata de un departamento con "una fuerte carga de personal", según ha indicado la consejera, que ha precisado que 32 millones de euros se destinarán a este capítulo, un 24,7 % del total. Los programas relacionados con la prestación de servicios de sistemas de información y las plataformas del Gobierno vasco, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, la Administración electrónica o la ciberseguridad absorberán más de 62 millones de euros.

En materia de ciberseguridad, se ha presupuestado una nueva partida de 2,4 millones para la dotación de herramientas que permitan a la Administración trabajar con mayor seguridad y prevenir posibles ataques en este ámbito. Las cuentas del departamento pretenden acelerar la modernización de la Administración y la gobernanza públicas a través de la digitalización y la administración electrónica, según ha indicado. A dicho fin se destinará el 48,6 % del presupuesto del departamento, porcentaje que se concentrará en los programas de atención ciudadana y servicios digitales, plan informático y buen gobierno y transparencia.

Solventar la brecha digital entre territorios

Garamendia también ha señalado que su consejería aspira a paliar la brecha digital territorial a través de una administración más cercana en la atención, simple y accesible, transparente y participativa. El gasto y las inversiones en informática y telecomunicaciones, áreas adscritas a la viceconsejería de Administración y Servicios Generales, superan los 46 millones de euros. Durante su comparecencia, la consejera ha señalado, asimismo, que se reforzarán los programas de selección, formación y cobertura de las plantillas de la Administración pública, de manera que el área de función pública se llevará el 20 % del presupuesto total de su consejería, según informa la agencia EFE.

Se trata de una partida de 27 millones de euros, incluyendo los 10 millones previstos para planes de normalización lingüística, así como una partida para medidas anticovid. El importe que se destinarán a estas medidas supera los 600.000 euros, que se dedicarán a la compra de material sanitario y a reforzar el servicio de limpieza y seguridad. Además, el departamento destinará un 8,7 % de su presupuesto para dar cobertura a las relaciones institucionales en áreas como la administración local, fundaciones y asociaciones. En este ámbito, se incluye la atención ciudadana, el "gobierno abierto" y transparente, y la digitalización.

Todas estas áreas absorben más del 95 % del presupuesto del departamento, mientras que el resto (5,6 millones) se destinará a cuestiones jurídicas, la defensa del autogobierno y las transferencias pendientes. Según fuentes de la consejería, esta área se refuerza con la reubicación de la dirección para el Desarrollo Estatutario, que ahora pasa a depender directamente de la consejera Garamendi.