El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de la Diputación de Guipúzcoa y de las Juntas Generales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Dicha Sentencia anuló la primera norma foral que regulaba los peajes a camiones en las carreteras A-15 y N-1. Sin embargo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado que mantiene la decisión de cobrarles el canon a través de la segunda norma foral vigente.
En un comunidado, la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha mostrado su "contrariedad" al conocer que el Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de casación interpuestos por las Juntas Generales de Gipuzkoa y por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos iban contra el fallo del TSJPV que impugnaba la Norma Foral 7/2016, empleada para regular los peajes de los vehículos pesados en varios tramos de la N-I y la A-15.
Oiarbide ha remarcado que esa sentencia "no modifica la situación actual", ya que existe una segunda Norma foral en vigor, por la cual "se seguirá aplicando un canon a los vehículos pesados en esas carreteras". La diputada ha mostrado su "asombro" ante "la falta de cuestión prejudicial por parte del alto tribunal a las instancias europeas" ya que, "al ser una legislación europea, suele ser habitual que se consulte a la Comisión y en este caso no se ha realizado".
En este sentido, ha recordado que "la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje en ningún momento". Por todo ello ha reconocido que "había esperanzas porque no solo la Diputación y las Juntas Generales, sino también las instancias europeas avalan la postura de que no es una norma discriminatoria".
La diputada foral ha recordado que el peaje regulado por esta segunda Norma afecta a los camiones que circulan entre Astigarraga y Etzegarate. El objetivo principal es "que los más de 12.000 vehículos pesados que utilizan la N-I y la A-15, sean guipuzcoanos o de fuera del territorio, paguen por su uso ya que hasta la puesta en marcha del sistema se financiaban solo vía impuestos".
Novedad
Además, ha subrayado que "la mayor novedad de la nueva norma foral consistió en alargar el tramo intermedio cobrado por el pórtico de Andoain a 5,37 kilómetros, frente a los 2,2 kilómetros que tenía la antigua configuración". "Otra modificación fue el pórtico de Irun, que quedó sin efecto, y la instalación de uno nuevo en Astigarraga, para cobrar un nuevo tramo de 3,19 kilómetros asociado al tránsito por el nuevo pórtico", ha explicado.
Finalmente, ha incidido en que "esta segunda norma foral sigue su proceso en los tribunales, por lo que la Diputación, al tiempo que estudiará minuciosamente la sentencia dada a conocer este miércoles, mantendrá su decisión de seguir cobrando a los vehículos pesados".
Sentencia del Supremo
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha confirmado la sentencia dictada por el TSJPV, que estimó en abril de 2018 un recurso interpuesto el 12 de enero de 2017 por el Comité Nacional de Transporte (CNTC) contra la norma foral 7/2016.
El TSJPV consideró que el sistema adoptado para cobrar el peaje a los vehículos pesados producía "una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Guipúzcoa respecto del tráfico interior", debido tanto a los "tramos elegidos" para la instalación de los peajes como a "la extensión de su recorrido". Tras admitir los recursos de casación de la Diputación y de las Juntas, el Supremo ha fallado ahora en el mismo sentido que el Superior vasco y mantiene que la norma -que ya no está vigente- era discriminatoria.
A pesar de las declaraciones de la diputación guipuzcoana, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España Fenadismer, que ha difundido la sentencia, considera que este fallo significa la "eliminación y supresión de los peajes" en Guipúzcoa, que se siguen cobrando, aunque amparados por una norma posterior. Aunque la Diputación recurrió en casación, decidió al mismo tiempo aprobar una nueva norma de peajes, que fue sancionada por las Juntas Generales en noviembre de 2018.
Esta nueva norma introdujo una serie de cambios en su diseño general para hacer frente a la interpretación que llevó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a anular la anterior. Sin embargo, el Comité Nacional de Transporte recurrió también la nueva norma, el TSJPV volvió a dar la razón a los transportistas y anuló en mayo de 2020 esta nueva regulación.