Desde el año 2018 el Gobierno vasco ha ido redibujando su estructura para tomar participación en empresas reforzando así el arraigo de industrias estratégicas en Euskadi. En total cuenta ahora con 177 millones de euros para actuar sobre grandes empresas, principalmente a través de Finkatuz, y ha destinado además 12 millones a un fondo de capital riesgo gestionado por ABE Capital Partners al que ha encargado una ronda de financiación que alcance los 200 millones con los que participar en pymes y nuevas empresas con proyección. Si los planes de ABE se cumplen, sumaría 200 millones a los 177 millones de los que dispone el Gobierno vasco haciendo un total de 377 millones de euros. Pero tres años después sigue sin concretarse ninguna operación.

La hucha del departamento que dirige la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, solo ha materializado dos pequeñas inversiones para tomar capital en la guipuzcoana CAF, con 15 millones de euros y un 1,24% del accionariado, y otra participación en Kaiku del 7,35% de sus acciones. La de CAF fue, además, una inversión provocada por la salida de Kutxabank. Y es que el banco vasco viene desarrollando una estrategia de desinversión empresarial obligada por el regulador y por su estrategia de mantener altos ratios de solvencia y seguridad que le ha llevado a centrar su negocio en el sector hipotecario.

De momento no hay más acciones anunciadas y mientras MásMóvil se ha hecho con Euskaltel y el futuro de la aeronáutica ITP depende de su venta sobre la que sobrevuelan fondos de inversión, las miradas se centran en estos recursos que siguen sin un destino.

Las operaciones empresariales exigen mayor inversión que la ofrecida por el Gobierno

Esta misma semana, la consejera de Desarrollo Económico explicaba la necesidad de contar con la disponibilidad inmediata de esta cantidad de dinero para poder actuar con rapidez ante cualquier oportunidad que pueda presentarse. Pero no deja de llamar la atención la gran diferencia de magnitud en las cifras. El Gobierno podría recurrir de forma inmediata a unos 177 millones de euros, pero las dos grandes operaciones empresariales vascas que llenan las noticias trascienden en mucho esa cantidad. Así, Euskaltel ha sido vendida por 2.000 millones y por ITP, Rolls Royce pide alrededor de 1.400 millones de euros. Un contexto en el que el Gobierno vasco solo podría desempeñar un papel dentro de un consorcio más amplio. Por lo tanto cabe preguntarse si esta vía, la de participación empresarial con lo fondos del Gobierno vasco es eficaz para lograr el control de empresas clave cuando la globalización económica está marcando unas cifras muy por encima si es que se quiere estar en compañías que ejerzan un papel relevante en el escenario internacional.

El papel de Kutxabank

Solamente los 400 millones de euros que Kutxabank ha obtenido de la operación de venta de Euskaltel superan los fondos de los de los que dispone el Gobierno vasco. ¿Qué hará el banco vasco con esa capacidad de inversión? ¿La reinvertirá en empresas vascas o seguirá consolidando su estrategia? ¿Puede el Gobierno vasco sustituir el papel financiero de Kutxabank? ¿Tiene el suficiente tamaño para participar en operaciones que salven empresas estratégicas? Euskaltel es una operación en la que no se ha entrado y que deja la compañía en manos de MásMóvil y de unos compromisos de arraigo que se asumen durante cinco años, pero con una presencia testimonial de capital vasco.

La aeronáutica

En cuanto a la aeronáutica, otro sector estratégico para Euskadi. El Gobierno vasco ha señalado que estaría dispuesto a participar en el capital de la empresa que se haga con ITP, “siempre y cuando se garantice el arraigo y el proyecto industrial”. Es lo que ha venido señalando la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Pero se trata de una operación de 1.400 millones de euros, cantidad lejana a las capacidades del Gobierno de Urkullu que en este campo también ha trasladado su disposición a participar en el Aerofondo. Unas ayudas dirigidas a la cadena inferior de proveedores de la aeronáutica, fuera de los Tier-1 y Tier-2, que están sufriendo la caída de pedidos del sector.

En cuanto a la siderurgia y la industria de ´tubos´, Tapia señaló durante la presentación de las ayudas a las Pymes que no han recibido una petición en el sentido de que el Gobierno participe accionarialmente y recordó que, en cambio, alguna compañía había solicitado ayuda al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del Estado, en referencia a Tubos Reunidos que el pasado mes de enero pidió 115 millones de euros. Lo que sí destacó la consejera es que para el sector siderúrgico si se hay numerosos programas presentados en el Plan Euskadi Next Generation EU para obtener financiación de los Fondos Europeos. Se trata de iniciativas enfocadas apoyar el desarrollo de inversiones en esta industria enfocadas a la eficiencia energética y a la gestión de sus residuos.