Este 2021 debería haber sido el año de la recuperación, pero la realidad de la pandemia y de unas cifras económicas a la baja, le han convertido en un año puente hacia la esperanza de un 2022 de repunte. Las cifras económicas, mucho más ajustadas de lo que esperaba el Gobierno vasco inicialmente, no dejan lugar a dudas de que la crisis económica está siendo incluso más dura de lo se esperaba. Con una reducción del crecimiento hasta el  6,7%, -el Gobierno vasco vasco esperaba el 8,6% a principios de año-  y una previsión del 5,7% para 2022,  el mercado de trabajo seguirá acusando la desaceleración, y el 10% de tasa de paro que antes de la pandemia ya se tocaba, ha vuelto a ser un objetivo de esta legislatura sujeto a múltiples interrogantes, que pasan entre otras cosas por una vacunación que permita remontar la economía.

Este sábado se celebra uno de los Primero de Mayo con mayores incertidumbres abiertas de los últimos años, porque si algo ha demostrado la pandemia es que es totalmente imprevisible, y condiciona por completo la evolución de la economía y  del mercado de trabajo, que se enfrenta a muchos retos a partir de ahora, todos ellos dirigidos al objetivo de salvar de la crisis a miles de trabajadores.

Paro

De momento, los ERTE aprobados precisamente para salvar el empleo del parón económico de la pandemia han salvado del paro a muchos trabajadores.  Aún así, Euskadi tiene  130.021 personas sin trabajo, según el último dato del mes de marzo registrado en el Servicio Público de Empleo- Lanbide. 12.782 parados más que febrero de 2020, último mes justo antes de que comenzara la crisis sanitaria, y 993 más que en el mes de febrero de este año. Y eso que hay alrededor de 38.700 trabajadores sometidos a un ERTE en ese mes. Durante la pandemia han pasado por esta regulación más de 200.000. El Gobierno  de Pedro Sánchez ha prorrogado esta medida, de momento hasta el 31 de mayo, pero está por ver si se volverá a ampliar el plazo de esta regulación temporal, que se ha mostrado como una buena fórmula para preservar el empleo. Aunque los empresarios se quejan de que les impida hacer despidos en la plantilla después de aplicarlo hasta pasados seis meses, siempre que se acojan a las ventajas de regulación temporal por fuerza mayor por Covid,  y que les exonera de pagar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados.

Hasta el momento, los ERE de extinción de contratos están afectando a empresas muy determinada de sectores como la aeronáutica, muy afectados por la crisis y el parón drástico de la movilidad. Es el caso de Aernnova o ITP, entre otros. El reto de los sindicatos, empresas y Gobierno es conseguir que no se destruya empleo y que los trabajadores que ahora están en regulación temporal no acaben en unos meses en las listas de desempleo. En definitiva, que las empresas se mantengan y que se preserven las plantillas.

La Estrategia Vasca de Empleo presentada por la vicelendakari y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, prevé situar la tasa de paro por debajo del 10% en 2024. Actualmente, según el Euskat se sitúa en el 11,1%. Hasta 2030, la perspectiva del Gobierno vasco es  crear alrededor de 610.000 empleos, unos  110.000 por demanda de expansión y 500.000 por demanda de reemplazo. Además, tiene pendiente abordar las altas tasas de temporalidad que afectan sobre todo a los contratos de los más jóvenes. Todo pendiente de la evolución de la pandemia, claro.

El nuevo papel de Lanbide

El Gobierno fía parte de esta recuperación del empleo en el nuevo papel que debe jugar Lanbide tras su reforma, para convertirlo en un organismo proactivo a la hora de ayuda a los trabajadores a buscar empleo y no sólo de intermediación.

En este punto se enmarca, por ejemplo, su papel en el programa de recolocación de trabajadores de sectores en crisis arrancará en breve con 500 desempleados de sectores industriales como el Metal, uno de los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y del que se ocupará Lanbide, ya ha recibido las directrices a seguir y tiene un grupo de 12 personas ya seleccionadas como orientadores que se encargarán de manera eclusiva del desarrollo de  este programa con el fin de establecer una relación directa con los desempleados.

Además, en este proceso de transformación del organismo, Lanbide recibirá una inversión de 12 millones de euros para buscar una digitalización de los servicios, la implementación de big data e inteligencia artificial en la gestión y un nuevo modo de trabajo.

Pensiones y demografía

Euskadi tiene una población envejecida, lo que tiene muchas repercusiones desde el punto de vista sanitario y asistencial, pero también desde el punto de vista laboral y también de las pensiones. La estadística dice que 1 de cada 5 vascos tiene ya más de 65 años, lo que supone ya más del 22% de la población. No habrá trabajadores para cubrir determinados puestos -los empresarios ya se quejan de ello- y cada vez se hace más grande el agujero de la Seguridad Social en el ámbito vasco, porque no son suficientes las cotizaciones de los trabajadores y empresas vascas para cubrir el gasto. El País Vasco tiene 564.526 pensionistas frente a una población ocupada de 930.500 personas. Es decir, poco más de un trabajador y medio por cada pensión que debe pagarse y que suman un coste global de 9.667 millones de euros, con un desfase entre los gastos y los ingresos  que se disparó hasta los 4.186 millones de euros.

Es cierto que en estos momentos el desfase se financia a través del sistema de solidaridad de la caja única de la seguridad social, pero la demografía y el desfase entre activos y pasivos en Euskadi es uno de los retos de futuro.

Costes salariales

Los costes salariales son uno de los mayores motivos de conflicto en las negociaciones entre los sindicatos y las empresas. Los empresarios se quejan de que Euskadi se encuentra a la a la cabeza de las comunidades autónomas con más coste laboral para las empresas y con menos horas de trabajo al mes aunque tiene mucho que ver con el importante peso en el empleo que tiene en Euskadi el sector industrial cualificado y, también, el más elevado coste de vida, servicios y vivienda que en otras comunidades autónomas. Los sindicatos reivindican que el empleo que se cree sea de calidad.