Marina Meridional recurrirá de nuevo la adjudicación de los terrenos de La Naval a VGP

Marina Meridional, con el apoyo de A&M, recirrirá la resolución de la jueza de lo Mercantil, Olga Ahedo, de adjudicar los terrenos de La Naval a la empresa belga VGP que fue la que pagó el precio más alto en la puja, y que quiere levantar un parque logístico en la zona.

Juan Moreno, director general de Marina Meridional, ha confirmado que los servicios jurídicos de la empresa estudian presentar el recurso, -el plazo termina este viernes-,  y que su  intención es seguir construyendo barcos en los terrenos de la antiguo astillero de Sestao.

El recurso se agarraría a posibles defectos de forma del procedimiento y a poner en valor que se quiere mantener la construcción naval en la zona, aunque en su resolución, la jueza ya insistió en que este punto de la liquidación de los terrenos primaba el precio más alto en la puja, que fue el de VGP sobre lo demás, 36 millones de euros.

Aunque el maximo responsable de Marina Meridional ha confirmado que se han mantenido contacto con VGP para buscar soluciones intermedias, -por ejemplo el alquiler de parte de los  terrenos por parte de adjudicataria-,  ha señalado que en estos momentos "no hay negociaciones" a la espera de que se agote la vía jurídica, en la también entrará de nuevo  otra de las empresas que pujó por el astillero, A&M y que también planea la construcción de barcos en la zona.

De esta forma, el futuro de los terrenos del emblemático astillero pueden volver a paralizarse en los juzgados después de un proceso de liquidación convulso y en el que fue imposible vender la empresa en su conjunto y como astillero, en buena parte porque parte de la plantilla recurrió ante los tribunales su despido.  

A la espera del resultado  los nuevos  recursos, la jueza echaba por tierra en su resolución las alegaciones presentadas por las Marina Meridional y ba claro en su resolución que el "precio que ofreció VGP supera en más de 6,6 millones de euros al siguiente oferente",  y que la oferta se ajustaba "escrupulosamente a todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos tanto por el plan de liquidación como por las condiciones particulares de venta del lote 1", en el que se incluyen los terrenos, edificios y maquinaria.

Además, señalaba que no está justificado retroceder  a la primera fase del plan de liquidación  y que se "adjudique el conjunto de los activos aplicando criterios distintos al mero precio en metálico". El auto señala que  en esta fase  fase de liquidación de lotes -no se pudo vender en bloque al no haber ningún comprador- "no es admisible la valoración de los proyectos y no es posible adjudicar los mismos con un criterio que no sea el previsto en el plan de liquidación (mayor precio)". En su opinión, si no se atendiera ahora sólo al criterio del mejor precio se "vulneraría el plan de liquidación"  y se iría "contra el más elemental principio de seguridad jurídica, frustrando las expectativas que el propio plan creó a los oferentes llamados a participar en la realización de los bienes y derechos de la masa activa".

Ahedo entiende que  se "infringiría también el principio de igualdad de trato de los oferentes dado que se estarían confrontando ofertas presentadas bajo distintas reglas de selección: las confeccionadas atendiendo exclusivamente al condicionado de esta segunda fase de la liquidación (mayor precio), y las confeccionadas con la pretensión de hacer valer otros criterios de selección (valoración del proyecto del oferente)".