Tapia pide apoyo a Maroto para que Basquevolt se haga en Álava tras perder los electrolizadores

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia,  ha  pedido a la ministra  Reyes Maroto, apoyo para el proyecto que la factoría de Basquevolt pueda llevarse a cabo en Álava y que los criterios para repartir los fondos europeos "no se mezclen con criterios de cohesión" entre las distintas comunidades autónomas, algo que perjudicaría claramente a Euskadi respecto a otras regiones menos posicionadas industrialmente.  

Tapia se ha reunido este miércoles en Madrid con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, justo después de que se conociera que Euskadi se ha quedado sin uno de sus proyectos estrella de futuro, la fábrica de electrolizadores de Iberdrola que finalmente se construirá en Guadalajara de la mano de la empresa americana Cummins, una decisión en la que también ha podido pesar el apoyo del Gobierno central para 'repartir' los proyectos de futuro entre distintas comunidades autónomas, y las elevadas ayudas que puede conceder Castilla La Mancha como zona deprimida. 

Esto ha encendido todas las alarmas ante la posibilidad de que la fábrica de electrolizadores no sea más que un aviso sobre lo que puede venir con otros proyectos por los que pujan diferentes comunidades, como la gigafactoría, o en general  los fondos europeos. En este sentido, ha pedido una mayor participación de las comunidades autónomas en la distribución de estos fondos y "que se priorice la misión que concede Bruselas" a estas ayudas:  Es decir "tener una visión transformadora y competitiva, y evitar que estos criterios se mezclen con criterios de cohesión, objetivo para el que existen ya otros instrumentos".

La consejera ha puesto sobre la mesa en su encuentro con la ministra  la necesidad de "avanzar de forma colaborativa en el desarrollo y posicionamiento de los proyectos relevantes" para Euskadi para transformar el sector de la automoción, entre los que ha señalado además de la gigafactoría Basquevolt en Álava, la Smart Factory para vehículo eléctrico en Bizkaia, y el centro de electromovilidad Mubil de Gipuzkoa.

El proyecto de BasqueVolt está agrupado en el consorcio español Battchain. Se trata de una línea de trabajo que aúna a importantes empresas del sector como Iberdrola, Ingeteam. Fagor Ederlan o Petronor y que agrupa también a las comunidades autónomas de Euskadi, Navarra y Extremadura. El proyecto comprende toda la cadena de valor, desde la extracción del litio en Extremadura, la construcción de las celdas de la batería en BasqueVolt, el ensamblaje de las baterías en Navarra donde participan Fagor e Ingeteam, así como el reciclaje de las unidades de carga una vez agotada su primera vida. 

El Gobierno vasco ya ha solicitado la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, para que pueda acoger la gigafactoría y el proyecto está incluido en el Plan Euskadi Next Generation presentado por Euskadi, pero no tiene decida la ubicación.

También ha reiterado su disposición a "colaborar de forma activa y participativa en el aerofondo diseñado por el Ministerio y la SEPI" para ayudar al sector aeronático.

Arantxa Tapia ha trasladado, a su vez, las conclusiones del informe que remitió hace unos meses al Ministerio sobre los costes energéticos que impactan negativamente en la competitividad de la industria electrointensiva. En este sentido,  ha vuelto a poner encima de la mesa le necesidad de diseñar una política de tarifas, costes y medidas fiscales, similares a la existente en países como Alemania y Francia, donde el coste energético resulta más competitivo para su industria, según han señalado fuentes del departamento.

La empresa vasca en la internacionalización

Tras la reunión con la ministra, Arantxa Tapia ha intervenido en el acto de presentación del Plan de Acción de Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que ha sido clausurado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En la jornada  Tapia ha destacado el papel que  de la industria vasca al servicio de las necesidades sanitarias durante la fase más dura de la pandemia, en la primavera de 2020.