Toda la oposición ha chocado de nuevo hoy con el frontón de la mayoría absoluta de PNV y PSE. Los partidos que sustentan al Gobierno vasco han tumbado en el Parlamento la posibilidad de que se ponga en marcha una investigación sobre el 'cartel de las consultoras', y que se demande desde el Ejecutivo a las empresas por vía judicial por posibles daños al erario público, tal y como pedían PP-Cs y Elkarrekin Podemos en una enmienda transaccionada y que ha apoyado EH Bildu.
Desde PNV y PSE se ha repetido como un mantra la máxima que parece que dirigirá las actuaciones del Gobierno en este caso y que ya adelantó el lehendakari en el pasado pleno de control: que la investigación de la CNMC se dirige hacia unas empresas consultoras y no se cuestiona a las administraciones.
"Vencerán pero no convencerán" ha señalado el parlamentario de PP-Cs. Luis Gordillo, que ha acusado al PNV de "estar haciendo de abogado defensor" de las consultoras; desde EH Bildu se ha puesto en evidencia que los organismos encargados del control de las contrataciones en Euskadi -Tribunal Vasco de Cuentas, Autoridad Vasca de la Competencia o Oficina de Control Económica del Gobierno- están desacreditados, y ha recordado que todos ellos está dirigidos por cargos vinculados de una forma o de otra al PNV, mientras que David Soto, de Elkarrekin Podemos IU, ha criticado con dureza que se siga contratando con estas firmas a pesar del expediente abierto contra ellas.
Todas las acusaciones se han despejado por parte de PNV y PSE, defendiendo que el asunto no implica la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha una investigación porque no se cuestiona en ningún momento el papel de la administración y han vuelto a pedir respeto a la presunción de inocencia porque el asunto sigue abierto.
La moción en cuestión instaba al Parlamento Vasco a expresar su "profunda preocupación" por las prácticas cartelistas sancionadas por la CNMC y a declarar su "firme voluntad de esclarecer la posible implicación por acción o por omisión en posibles irregularidades administrativas por parte de las administraciones públicas vascas".
Además ponía al Gobierno vasco la tarea de "realizar una investigación independiente y externa sobre los contratos gestionados por procedimiento negociado" y a "demandar a las empresas sancionadas" y a exigir responsabilidades por los posibles perjuicios.
Desde el PSE, Sonia Pérez rechazado las críticas contra los organismos de control y ha asegurado que "hacen muy bien su trabajo", y ha asegurado que insinuar que ha habido connivencia por parte de las administraciones es hacer esa acusación extensiva a "todos los funcionarios que han validado estos contratos" algo que ha rechado de plano aunque ha llegado a admitir que se hayan podido producir "negligencias puntuales".
El PNV ha tildado todas las acusaciones de demagogia y ha considerado "vergonzoso" que se utilice esta cuestión para cargar contra el PNV. "Si eres del PNV parece que no se puede hacer una buena gestión".