En Euskadi las VTC, que no son otra cosa que transporte público privado, han tenido que acudir a los tribunales para evitar las medidas restrictivas del Gobierno vasco. En ninguna localidad vasca hay red de carsharing a pesar de que hace diez años se impulsó una red público-privada de implantación de vehículo eléctrico compartido. Vitoria, capital verde europea en 2012, no ofrece bicicletas públicas a su ciudadanía. Tampoco lo hacen otros grandes municipios vascos. El autocar de línea entre Bilbao y la capital alavesa no se para en estación de autobuses sino que, una vez que llega a esta, se introduce por las calles de la ciudad y 'se convierte' en un urbano que llega hasta la universidad con diversas paradas y que compite con la red municipal de transporte. El tranvía de las capitales vascas tiene la poca competitiva frecuencia de 15 minutos entre cada tren, que pasa a 20 en las últimas horas del día. Los 'gautxoris' llegan a esperar hasta 60 minutos para transportar a los jóvenes, y no tan jóvenes, que de madrugada vuelven a casa los fines de semana. Pero, en cambio, las instituciones vascas sin excepción se han hecho una foto en el SUM-21 y han adquirido un compromiso por la movilidad sostenible.

Han sido más de cincuenta entidades públicas y privadas, entre ellas instituciones como el Gobierno vasco o empresas como Repsol, se han adherido a la denominada Declaración de Bilbao, mediante la que se comprometen a trabajar por una movilidad sostenible e "inteligente". Ha sido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido este jueves la firma de la declaración por la mayoría de esas organizaciones en un acto con el que ha concluido el Congreso Internacional sobre Movilidad Urbana Sostenible de Bilbao-SUM 21, organizado por el Ayuntamiento de la capital vizcaína y Petronor y que ayer inauguró el rey Felipe VI, tal y como recoge Efe.



Los firmantes han adquirido el tan llamativo compromiso pero poco concreto de potenciar las energías renovables, favorecer la transición energética en la movilidad urbana con medidas como la electrificación del transporte urbano, y apoyar marcos normativos "simplificados" alineados con el desarrollo sostenible, que sean "justos y realistas" y faciliten "soluciones innovadoras de fiscalidad verde", entre otras. También apuestan por facilitar la financiación de proyectos de movilidad urbana sostenible, defienden la generación local de energía y abogan por una movilidad "inteligente", eficiente y segura (cero víctimas mortales) mediante las nuevas tecnologías y la digitalización. Pura palabrería vacía de concreción alguna y que lo mismo sirve para una cosa que para la contraria. En la foto estaban todos los representantes institucionales.



Los firmantes se comprometen, además, a impulsar una transición energética "justa" dando apoyo a la progresiva adaptación de las regiones, sectores o colectivos más afectados por la transformación debido a su dependencia de los combustibles fósiles.



La declaración también incluye compromisos a favor de una movilidad urbana "inclusiva", que atienda a los colectivos vulnerables, y "con perspectiva de género", y a favor de procurar el equilibrio entre el transporte de mercancías, los nuevos modelos de movilidad de personas y los distintos usos del espacio público.



Entre las entidades firmantes, se encuentran, además del Ayuntamiento bilbaíno y de Petronor, Repsol, BBK, Gobierno Vasco, las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, la asociación de municipios vascos Eudel, el Ayuntamiento de Vitoria, Seat Mo & Casa Seat y el Ente Vasco de la Energía.  Asimismo, han suscrito la declaración la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), UCLG, EIT Urban Mobility, FLACMA, Mercociudades, Alsa, Talgo, Irizar e-mobility, IBIL, Kapsch TrafficCom, Via, Empresas por la Movilidad Sostenible, ANFAC, Bilbao Metropoli-30, AMETIC, Fundación Ibercaja, AECOC, Connected Mobility Hub, el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi, Tecnalia, Leber, CTAG y Ayuntamiento de Pachuca de Soto (México).