Las Juntas Generales de Álava aprobaron ayer en la comisión de Hacienda el dictamen que aprobará el pleno con las modificaciones fiscales que afectan a la creación de nuevas empresas, el emprendizaje y las 'startups'. Se trata de una de una serie de deducciones que se establecen a la inversión para la creación de nuevas actividades. Un camino que ya inició la semana pasada la Diputación de Bizkaia con algunos matices en un movimiento de los gobiernos forales que, si bien busca favorecer las inversiones y la creación de actividad económica, se desarrolla con diferencias entre cada territorio, con lo que se dificulta el cumplimiento tributario de los contribuyentes con nuevas diferencias que se suman a las ya existentes con diferentes propuestas en la tributación de aspectos ambientales o la propia implementación del sistema de facturación electrónica, con TicketBai. 

Se trata de diferentes intentos que agravan las diferencias en cada Territorio y que van evidenciando la falta de papel del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), la oficina cuyo principal cometido es tratar de buscar cierta homogeneidad en el ejercicio de las competencias fiscales con las que cuenta cada Diputación. 

Emprendimiento

Álava introducirá una deducción del 25% en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF para inversiones destinadas a la constitución de una empresa, cantidad que se incrementará hasta el 35% en el caso de actividades con un carácter innovador o relacionadas con la llamada 'economía plateada', es decir, aquella centrada en aspectos y servicios para la mejora de la calidad de vida y la atención de los mayores. En este caso se trata de líneas y medidas que sí comparten Bizkaia y Gipuzkoa, pero la hacienda vizcaína sí ofrece en este campo otras variables, como la exoneración en el pago del Impuesto de Patrimonio del 50% de las ganancias por beneficios y plusvalías que se eleva hasta un 100% en el caso de que esos capitales se reinviertan en una empresa. 

Otra de las diferencias que plantea Bizkaia son las medidas aprobadas para retener a emprendedores, unidas a las que buscan atraer talento mediante mejoras fiscales para los impatriados y retornados. Términos que engloban a trabajadores altamente cualificados, bien vascos que vuelven a empresas de Euskadi tras una experiencia laboral en el exterior, o extranjeros "fichados" por compañías vascas. Estas personas gozarán de un régimen especial que en Bizkaia se amplía hasta los diez años con porcentajes de exención en la tributación que pasan de del 15% al 30%.  En total, la reducción de la base imponible que podrán aplicarse a partir de 2022 será del 44%, frente al 32% actual. Además se amplia los sectores en los que pueden aplicarse dichas medidas, añadiendo comerciales y organización y gerencia como novedades del año que viene, a los ámbitos actuales de I+D, científicas, carácter técnico y financieras.

Aún así, el premio fiscal para la inversión y el tipo impositivo en Sociedades para las nuevas empresas no alcanza la línea fijada por la nueva Ley de Startups del Gobierno central que rebaja hasta en 10 puntos el tipo del Impuesto de las empresas para estas compañías en territorio común en comparación con el que está fijado en las haciendas forales vascas. Así, con la nueva norma, las 'Startups' tributarán el 15% de sus ganancias, mientras que en Euskadi, las diputaciones recaudan el 25% a las grandes empresas y el 20% a las pequeñas empresas. 

Delantera alavesa en la tributación verde

Estas diferencias se trasladan también a la política fiscal verde. En este caso, Álava ha aprobado un proyecto de norma foral que contiene importantes deducciones fiscales. Así, las inversiones en tecnologías limpias aumentaran su deducción hasta el 50% en Sociedades, frente al 35% actual. En lo que se refiere a la movilidad, las empresas que compren bicicletas eléctricas para sus empleados podrán deducirse el 10% en el Impuesto de Sociedades y para la compra de coches eléctricos se eleva el 'gasto admisible' de 25.000 a 35.000 euros. Y, mientras tanto, Gipuzkoa avanza también en un paquete de medidas por su cuenta. Según fuentes de las haciendas, no se está coordinando por ahora en el OCT (Órgano de Coordinación Tributaria) los cambios normativos a la espera de un futuro tratar de conciliar lo que empieza a ser un escenario diferente para las empresas en función del territorio. Así la compra de un coche eléctrico o la inversión para modificar la fuente de energía de una compañía se trata fiscalmente de modo diferente en cada territorio. 

Bizkaia, por su parte, avanza en una fiscalidad que ayude a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Desde el pasado año, y junto al Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) de la University College London, que dirige Mariana Mazzucato, la Diputación trabaja para las primeras adecuaciones fiscales dirigidas a aquellas empresas, proyectos, inversiones, activos y acciones que avancen en esta línea. Si bien estaba previsto incorporar las primeras modificaciones en una norma foral antes de verano, los trabajos siguen para implementar las nuevas medidas cuando sea posible. Mazzucato, que ha trabajado en la secretaría general de las Naciones Unidas, se ha especializado en detectar los parámetros que deben priorizarse para impulsar objetivos como la reducción de emisiones, hacer frente al desafío demográfico, promover la igualdad o garantizar modalidades de consumo sostenibles.

'Ticket Bai', el programa que implanta la facturación electrónica y que iba a ser obligatorio desde el 1 de enero, ha sido otro elemento en este año en el que se han evidenciado claramente diferencias palpables. De momento, las haciendas han planteado que el acogimiento sea voluntario aunque con diferentes incentivos, un 15% de reducción en la base imponible de IRPF o Sociedades para los ejercicios de 2022 y 2023, mientras que en Gipuzkoa los beneficios son de hasta un 60% para los años 2020, 2021 y 2022, al igual que en Álava. Mientras que Bizkaia, este verano anunció unilateralmente el retraso de la obligatoriedad de la implantación de TicketBai hasta 2024.