El Gobierno de España ha prorrogado hasta abril de 2022, en el Consejo de Ministros de este martes, la suspensión del 7% que grava el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica. Es un tributo que han de pagar las compañías que introducen electricidad en la red de distribución y que, al final, acaban repercutiendo al cliente. Por ello, este verano el Ejecutivo de Sánchez ya estableció su reducción a mínimos para poder hacer frente a la escalada de precios.
Los efectos de la medida sobre la tarifa de la luz, a la que se añade la reducción también del IVA, no han sido suficientes para contrarrestar el incremento del gas en el mercado mayorista. Pero donde sí se está notando es en la recaudación, de hecho, en este 2021 la recaudación que realizan las haciendas forales por este tributo ha caído un 15,5% sobre el año pasado. Un descenso importante si tenemos en cuenta que en 2020 el confinamiento paralizó al actividad en casi todos los sectores y si vemos también la diferencia del valor de la energía de este ejercicio al pasado.
Así, según se recoge en la documentación que aglutina el departamento de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, entre enero y noviembre de 2020, la recaudación por este concepto ascendió a 27,4 millones, por los 23,1 millones de este año. Este impuesto hasta este año se recauda en cada territorio y después se hace un ajuste para repartirlo entre las tres haciendas forales según sus coeficientes relativos en el conjunto del estado.
Pero a partir del año que viene, con la nueva Ley de Aportaciones, cada diputación se quedará con lo correspondiente a lo generado en su provincia y en función de sus instalaciones. Una reivindicación que beneficia a Bizkaia que con esto logra asegurarse los futuros ingresos de las instalaciones que se proyectan sobre el hidrógeno en los próximos dos años.