300 vascos parados de larga duración participarán en proyectos de inserción

Un total 300 parados de larga duración que perciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Garantía de Ingresos participarán este año en proyectos de inserción laboral que se desarrollarán en 20 municipios o comarcas de Euskadi y estarán dotados con 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide firmará convenios con esas 20 localidades o comarcas en las que se ha detectado un alto índice de paro y un elevado número de perceptores del IMV o de la RGI, según recoge Efe.

La mitad se sitúan en Bizkaia: Portugalete, Durango, dos zonas de Bilbao, Barakaldo, Sestao, Leioa-Erandio y las comarcas de Busturialdea, Encartaciones y Zona Minera.

Otras siete están en Gipuzkoa: Lasarte, Eibar, Zumarraga, dos zonas de San Sebastián, Irun y la comarca de Tolosaldea. Las tres restantes son alavesas: la zona de Amurrio-Llodio y dos de Vitoria.

Se pondrán en marcha por lo tanto veinte proyectos mixtos de empleo y formación, acompañados de itinerarios personalizados de orientación profesional.

Serán las entidades locales las que desarrollen acciones de acompañamiento integral para la inclusión social y laboral de los participantes que, como consecuencia del impacto económico provocado por la covid-19, han visto agravada su situación.

Los proyectos irán dirigidos a trabajos para la mejora y rehabilitación de viviendas y del entorno rural en los municipios o barrios más desfavorecidos; la atención a la tercera edad; el cuidado a grupos desfavorecidos, personas dependientes o con enfermedades crónicas; la promoción de la cultura, la educación y la salud, así como a la recuperación del patrimonio artístico e histórico.

El reciclaje de recursos; la eficiencia energética y las energías renovables; el mantenimiento de espacios públicos; las actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte; la conservación de la naturaleza y la eliminación de la brecha digital para tareas por vía electrónica con las administraciones públicas, compras electrónicas u operaciones bancarias a personas con pocas competencias digitales, se incluyen en estos proyectos.

Otros se dedicarán a la recuperación de canteras; la instalación y mantenimiento de redes de recarga de vehículos eléctricos; la adaptación a la nueva normativa energética de edificios; la movilidad sostenible o las actividades socioculturales y de desarrollo comunitario.

En cada uno de los 20 proyectos participarán 15 personas, tendrán una duración de 12 meses y deberán iniciarse antes del próximo 1 de junio.

Una primera fase será exclusivamente formativa y, tanto a los tres meses de su inicio, como a los seis y a su término el programa será evaluado para comprobar su eficacia.