Euskadi reconoce ya un impacto estructural de la guerra de Ucrania en su recuperación económica

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha reconocido sin tapujos los graves efectos que la guerra en Ucrania va a tener en la economía vasca y en el proceso de recuperación tras la pandemia. Tras una reunión con los 16 clusters industriales del País Vasco, el Gobierno ha reconocido que los elementos críticos de la recuperación como el precio de la energía y los suministros agravaran su situación con las consecuencias del conflicto generado por Rusia afectando ya estructuralmente a la economía vasca. De hecho Tapia ha defendido la necesidad de retrasar el debate fiscal y mantener las políticas expansivas del gasto público con autorización al endeudamiento. Medidas que ya ha planteado la Comisión Europea. El impacto de la crisis comienza a cambiar los calendarios de la recuperación que fijaban para el segundo semestre de este año una reducción del IPC y una contención del precio de la energía que, junto a la llegada de los fondos europeos, iba a acelerar a la economía. 

Según han trasladado los clusters al Gobierno, los principales problemas que se están detectando para la actividad general de la industria vasca son el incremento del precio de la energía y la afección a la cadena de suministros. Especialmente se están notando los efectos en el hierro, el titanio y el aluminio. Se trata de materias que llegan desde Rusia y afectan a las fundiciones o a la automoción, así como al sector de las renovables y la construcción. El precio de la energía es otro de los puntos que agudiza los efectos de la crisis y que trasciende el 5% de dependencia que tiene la economía en la balanza comercial de Rusia. Junto a esto hay que añadir el impacto en las cadenas de suministro, que seguirán acusando retrasos y afectando a elementos críticos como los chips semiconductores. Las sanciones a Rusia están teniendo también un coste económico para la industria vasca. En este sentido la consejera ha recordado las palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans que ha recordado que las "sanciones impactarán en nuestra economía, pero merece la pena este precio de la paz y la democracia".

En Rusia hay 25 empresas vascas con 29 implantaciones que están sufriendo las sanciones y el bloque económico internacional al país dirigido por Vladimir Putin. Se trata de compañías que se han quedado sin poder entregar o cobrar pedidos que estaban suscritos por contrato. En Ucrania, las empresas con plantas son dos y los principales problemas en ese país son los generados por la invasión militar. Para ambos casos el Gobierno ha informado de que buscará la activación de ayudas financieras para evitar que la falta de ingresos pueda afectar a las compañías. El sector de maquinaria agrícola es uno de los que más está acusando la situación, dada la gran capacidad de Ucrania para el cultivo del cereal. Así, 'Crónica Vasca' adelantaba la semana pasada la problemática de empresas como Bellota en aquel mercado.

Retraso de la reforma fiscal

A pesar de esto, el Gobierno todavía no tiene un plan global de ayudas para paliar estos efectos y defiende un paquete de medidas global en la Unión Europea como ocurrió con la pandemia. En este sentido, la consejera de Desarrollo Económico, ha defendido mantener la política expansiva de gasto público que abrió la puerta para que las Administraciones Públicas pudieran endeudarse y que termina en este ejercicio, además de retrasar la reforma fiscal a la espera de un escenario más normalizado. Una decisión que confirma el retraso de la recuperación a más allá de 2023. En Euskadi las haciendas forales habían previsto revisar la regulación tributaria a lo largo de este año para que entrara en vigor precisamente en 2023. 

Mientras tanto, y para atender las situaciones concretas de las empresas con presencia directa en Rusia y en Ucrania, el Ejecutivo ha habiltiado en la web de 'Basque Trade' un portal de consultas. Hasta ahora, el Gobierno ha contactado directamente con todas las empresas que están en esos dos países. 

Sobre la energía, Tapia, ha abogado por cambiar el mecanismo que imputa el coste de la generación a la factura que paga el cliente final.