La Mesa Vasca de Diálogo Social ha retomado sus reuniones este martes con normalidad, dejando a un lado las tensiones suscitadas después de que CCOO se planteara dejar de asistir tras el voto en contra del PNV a la reforma laboral y con la vista puesta en las graves consecuencias de la guerra de Ucrania. Un conflicto que puede llevar a Euskadi a una crisis de "consecuencias insospechadas", según ha señalado el representante de los empresarios vascos, Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask.
Aunque los acuerdos de la mesa han sido otros, la crisis en la que pueden caer las empresas y la negociación de los convenios con un IPC desbocado, en los que la patronal ya está pidiendo un ejercicio de responsabilidad y de contención a los agentes sociales ha estado presente en el encuentro y las declaraciones posteriores de los asistentes. Así, mientras el presidente de Confebask pedía contención en los salarios tanto Loli García (CCOO) como Raúl Arza (UGT) advertían de que los trabajadores no pueden volver a ser los paganos de las consecuencias de la crisis.
La primera reunión del año - se pospuso la que estaba prevista en febrero- ha servido para otorgar a este foro de diálogo, en el que se sientan los empresarios, el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, de una mayor consolidación al acordar darle un rango de ley -se puso en marcha a través de un decreto-. En este sentido la Mesa ha acordado crear un grupo de trabajo para redactar una Ley de Participación Institucional. Esta era una de las peticiones que tenía CCOO para volver al foro, ya que consideraba que había quedado en entredicho y que Loli García ha considerado muy importante porque consolida la negociación como instrumento.
Minimizar el impacto de la guerra
En encuentro se ha acordado "mantener un cauce permanente de comunicación para minimizar el impacto socioeconómico y laboral de la invasión de Ucrania".
Los miembros de la Mesa comparten la "urgencia" de adoptar medidas para limitar los precios energéticos y la necesidad de utilizar todos los recursos "para garantizar el futuro de las empresas y evitar la destrucción de empleo".
Por último, acuerdan mantener un cauce permanente de comunicación para, en el ámbito que compete al foro, "minimizar el impacto socioeconómico de la guerra sobre la ciudadanía, las empresas y las personas trabajadoras".
"Esta Mesa de Diálogo Social es consciente de su papel. Con menos de tres años de reconocimiento institucional, ha respondido con éxito al mayor desafío económico y social al que nos habíamos enfrentado, el de la pandemia. Y con el mismo compromiso vamos a seguir dando soluciones ante las incógnitas que se nos van a presentar. Todos somos conscientes de la gravedad del momento, y todos vamos a saber de nuevo acordar en beneficio del conjunto de la sociedad", ha señalado la vicelehendakari Idoia Mendia tras el encuentro.
Además de la vicelehendakari que ha presidido el enncuentro, han asistido por parte del Gobierno vasco la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; el consejero de Educación, Jokin Bildarratz; y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. También la coordinadora de la Mesa y viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, junto a los demás viceconsejeros y viceconsejera y la directora de Emakunde en su condición de presidentes de los diferentes grupos de trabajo.
Por parte de Confebask han tomado parte su presidente, Eduardo Zubiaurre, y representantes de las organizaciones empresariales territoriales. En representación de los sindicatos, una delegación de Comisiones Obreras encabezada por su secretaria general en Euskadi, Loli García, y otra de UGT Euskadi con su secretario general, Raúl Arza, al frente.
Gobierno y agentes sociales han aprobando una Declaración, en la que se condena la invasión de Ucrania, “injusta e ilegítima”, se defienden todas las medidas que se deban adoptar para proteger a quienes huyen, y se denuncia la amenaza a nuestra economía, al progreso de empresas y trabajadores.
El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, se ha referido a la situación de guerra y ha asegurado que las consecuencias económicas son cada vez más graves y se puede caminar a una crisis de "consecuencias insospechadas".
"La situación se está complicando día a día", ha señalado el representante de los empresarios, que ha pedido medidas como aplicar los ERTE para las empresas que lo necesiten o que se empiece a hablar de aplazamientos en los pagos y en contención de los salarios.. También ha pedido que se controle los altos índices de absentismo laboral.
Loli García (CCOO) ha destacado la consolidación del diálogo social de la mesa y ha reconocido que la situación coyuntural es muy complicada, pero ha señalado que "los trabajadores no puede ser una vez más los paganos de la crisis como en 2008", lo que implica que deben respetarse las cláusulas de revisión de los salarios.
Por su parte, Raúl Arza, secretario general de UGT, ha pedido a los Gobierno que tomen cuanto antes las medidas necesarias para abaratar la luz y la energía. Arza ha puesto en valor el diálogo social porque "ha dado resultados muy positivos", como el complemento de los ERTE. Ha señalado la importancia de que se refuerce la inspección de trabajo para atajar la temporalidad y la siniestralidad laboral. Al igual que García ha señalado que los trabajadores no pueden ser lo paganos de la crisis y ha advertido que los pactos de renta no puede ser solo la contención salarial.
Plan de trabajo con nuevos grupos
La Mesa ha aprobado el informe de seguimiento de la actividad realizada el pasado año, así como el plan de trabajo para 2022, que incluye treinta líneas de actuación. Entre las medidas acordadas está la creación de un subgrupo que hará seguimiento del primer Plan de Gestión de Inspección de Trabajo en el País Vasco, de próxima aprobación, y otro de carácter técnico, con participación de entidades que no forman parte de la Mesa y que incorpora al Departamento de Salud, para analizar propuestas de mejora en las condiciones de salud de las personas trabajadoras y en la gestión de recursos humanos.
Igualmente, se ha decidido la creación de un nuevo grupo dedicado a fortalecer el papel de este foro para la elaboración de una Ley de Participación Institucional, una previsión recogida en el propio decreto de institucionalización de la Mesa de Diálogo Social. Una Ley que, según ha señalado la Vicelehendakari “supone también desarrollar el artículo 7 de la Constitución, que otorga un papel esencial a los agentes sociales en la participación de las políticas públicas de su ámbito de actuación”.
En este sentido, Mendia, que ha avanzado otras medidas de prestigio y difusión del papel de este foro, ha trasladado la necesidad de seguir concertando las respuestas que debemos dar en este nuevo momento crítico.