La guerra en Ucrania pospone todavía más la reforma fiscal

La guerra en Ucrania y sus derivadas económicas han puesto patas arribas las perspectivas económicas de recuperación. La "emergencia energética", unida a la huelga del transporte, se han cobrado en apenas un mes una factura de 1.700 millones de euros, un 2,2% del crecimiento del PIB que pronosticaba el Gobierno vasco para este año. Si la semana pasada era Lakua quien tomaba las primeras medidas para paliar los efectos de la crisis con una línea de créditos de diez millones y avales del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) para las empresas más golpeadas por el batacazo económico, este martes, apenas 24 horas después del anuncio de las medidas del Gobierno central -que iba tarde según el lehendakari Urkullu-, las tres diputaciones salieron para anunciar un desembolso de 165 millones de euros para evitar que la caída sea mayor para pequeñas empresas, autónomos, agricultores, ganaderos y transportistas.

Un paquete que busca aportar liquidez al mercado usando "nuestra principal competencia, que es la fiscalidad", destacaba el diputado alavés, Ramiro González. Las medidas fiscales, pactadas en una reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) durante la semana pasada serán aprobadas el próximo martes, pero más allá de la factura de estas medidas, las diputaciones no han querido revisar a la baja la recaudación fiscal. Las haciendas forales esperaban recaudar 16.290 millones de euros en 2022. A ese respecto, el diputado alavés ha afirmado que la previsión realizada hasta ahora se había hecho "con cautela" mientra que Unai Rementería, el diputado vizcaíno ha insistido en que prima lo urgente. "Ahora estamos en medio del huracán y tenemos que analizar la situación antes de tomar medidas estructurales", ha afirmado.

La guerra es ahora mismo la prioridad número uno de las haciendas forales y en ello trabajan. Entre esas "medidas estructurales" que mencionaba el diputado vizcaíno está la reforma fiscal. Un asunto que estaba en análisis en el último Consejo Vasco de Finanzas Públicas a mediados de febrero. La situación ha cambiado mucho desde que el consejero Azpiazu dejase caer que 2022 sería "un año de reflexión" y ahora, fuentes de los gobiernos forales consultadas por 'Crónica Vasca' confirman que la reforma fiscal ha pasado "a un segundo plano". Esa consigna de Unai Rementería es la que prima entre las Haciendas forales: que ahora mismo hay otras prioridades que van por delante y que "no es momento de tomar medidas estructurales", si bien esta cuestión lleva aparcada ya un tiempo en el debate de los tres fiscos según fuentes cercanas a los equipos forales.

Impuesto de Sociedades y fiscalidad verdes, los principales frentes empresariales

Dentro de la reforma fiscal, destacan cuatro retos principales para las Haciendas forales: dos para las empresas y dos para los particulares.  A título empresarial está pendiente, por una parte, revisar el Impuesto de Sociedades, que actualmente presenta un tipo impositivo en Euskadi del 24% para empresas medianas y grandes, frente al 25% del resto de España. En el caso de pequeñas empresas la diferencia es mayor, un 20% en las haciendas vascas por el 25% en el conjunto de territorio común. Las microempresas se reduce al 18% cuando ha habido compensaciones tributarias y las compañías de nueva creación en Euskadi no han de pagar este tributo mientras que en el resto del país es del 15%.

Por otro lado, la reforma fiscal deberá plantear qué modelo desea implantar para la fiscalidad verde. En la mesa del Órgano de Coordinación Tributaria está la propuesta de fiscalidad verde y sostenible que quiere poner en marcha Bizkaia y cuyos principios ha elaborado con la colaboración de la economista Mariana Mazzucato, profesora de la University College de Londres. Aun así Álava tiene ya en vigor un paquete de medidas fiscales "verdes" que incentivan las inversiones en energías y movilidad limpia y Gipuzkoa prepara su propio paquete de medidas fiscales. El gobierno de Rementería ha dejado la mano tendida para coordinar los gravámenes medioambientales, pero aún no ha habido ningún gesto de asunción de estas propuesta por parte de los gabinetes de Markel Olano o Ramiro González.

Vivienda y EPSV, retos de la tributación a particulares

Por lo que respecta a las personas físicas, la reforma fiscal tendrá que abordar otros dos retos. El primero, un abordaje tributario al mercado de la vivienda. Es algo en lo que lleva trabajando ya un tiempo el Departamento de Iñaki Arriola, más allá del impuesto a la vivienda vacía que implantó el pasado verano. El Gobierno vasco busca penalizar o bonificar en las deducciones fiscales que tienen los arrendadores de vivienda en alquiler según lo que superen o rebajen el precio medio de la vivienda disponible para alquilar en su entorno. Esa fiscalidad, que busca una intervención indirecta en el mercado de la vivienda sin necesidad de topar los precios, la pretende el Ejecutivo autonómico, pero debería ser implementada por las tres diputaciones y, por tanto, formará parte del debate cuando se revise la fiscalidad vasca.

Junto al mercado del alquiler están las EPSV, que gestionan en Euskadi un patrimonio de más de 25.000 millones de euros y esperan seguir incrementando en los próximos años. Actualmente, la retirada del capital ahorrado mediante este mecanismo penaliza tanto si se retira de golpe —como ganancia de patrimonio— como si se decide incorporarle mensualmente como una aportación extra en un momento de necesidad o cuando se llega a la jubilación —donde tributa vía IRPF como rendimiento del capital—. El Gobierno vasco ya trabaja en reformular el listado que regula las actividades en las que se puede invertir o no desde las entidades de previsión social voluntaria. El mundo de las EPSV vascas reclama que los cambios fiscales no afecten ni reduzcan los beneficios que gozan los ciudadanos y empresas por sus aportaciones. Además, piden una revisión de los impuestos que se cobran al rescatar los ahorros para que se tribute solamente por el beneficio siempre "poniendo en primer lugar la garantía sobre las pensiones, porque no somos un fondo de inversión", según manifestó Ignacio Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, a este diario.