Viviendas de proteccin oficial edificadas por Visesa en Sestao / AVS Euskadi

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Economía

25.000 jóvenes vascos viven en pisos de protección oficial

Los vascos de entre 18 y 30 años se abonan a este tipo de viviendas, más baratas, en las áreas metropolitanas mientras los jóvenes rurales apenas recurren a ellas

11 abril, 2022 05:15

En unos tiempos con el mercado de la vivienda en precios no vistos desde 2014, casi 25.000 jóvenes vascos -24.446- están residiendo en viviendas de protección oficial. Una opción más barata frente a los precios generales de la vivienda en el libre mercado que ha registrado más de 27.000 solicitudes realizadas por vascos de 18 a 30 años desde 2019 hasta finales de 2021. Así lo recoge el Gobierno vasco en un informe remitido por el Departamento de Vivienda al Parlamento vasco a petición de la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saéz de Egilaz al que ha tenido acceso Crónica Vasca.

En ese informe, el Ejecutivo desglosa los residentes en este tipo de viviendas -cuyo precio máximo se sitúa casi un 66% por debajo de lo que cuesta el metro cuadrado en el mercado libre de vivienda según datos de Idealista- por tramos de edad, lugar de residencia y régimen. Más del 90% de los jóvenes vascos que habitan en estas viviendas lo hacen en régimen de propiedad -22.154- frente al 8,7% -2.148 personas- que lo hacen en alquiler. En el desglose municipal destaca, una vez más, la mayor acogida de estas viviendas en los grandes núcleos urbanos frente a las áreas rurales de Euskadi. Especialmente llamativo resulta el dato de la capital autonómica: en Vitoria-Gasteiz uno de cada 31 vecinos son jóvenes residentes en una VPO. Allí los pisos de protección oficial alquilados por jóvenes son 1.054, la mitad de todo el País Vasco. En el caso de la vivienda en propiedad, la segunda ciudad más poblada de Euskadi cuenta con 6.735 viviendas de protección que obran en manos de jóvenes vascos.

 

Entre las ciudades, Pasaia se sitúa en el extremo opuesto a Vitoria. Pese a contar con más de 16.000 habitantes, en la localidad portuaria solo hay un vasco de entre 18 y 30 años residiendo en una VPO y apenas son cinco los que viven en una vivienda de estas características. Las cifras son inferiores a la de pequeños municipios como Sopuerta, con poco más de 2.500 habitantes. También ocupa una posición lejana a su realidad poblacional Getxo, donde apenas hay 164 jóvenes inquilinos o propietarios pese a contar con 76.000 habitantes. Los datos municipales en el Gran Bilbao reflejan, sin embargo, una mayor difuminación de la brecha socioeconómica entre márgenes de la ría si se excluye a Getxo de la ecuación, aunque el dato hay que ponerlo en cuarentena teniendo en cuenta la presencia de la UPV en Leioa. En cuanto al desuso de esta opción, hay 92 municipios vascos en los que ningún joven reside en una promoción de este tipo.

En los últimos tres años, el Gobierno vasco, según reconoce en el escrito el consejero Arriola, ha rechazado 5.571 solicitudes juveniles de una vivienda de protección oficial. La inmensa mayoría de las solicitudes denegadas por el Ejecutivo han estado relacionadas con el archivo de las solicitudes por no entregarse parte de la documentación requerida, la no acreditación de unos ingresos mínimos para comprar la vivienda o la presencia de otros expedientes ya abiertos por Etxebide en relación a los solicitantes.

Un hombre mira por el agujero de una lona de una obra en construcción / Carlos Luján (Europa Press)

Un hombre mira por el agujero de una lona de una obra en construcción / Carlos Luján (Europa Press)

Asesoramiento de las constructoras

Pese a que el consejero Arriola ha descartado recientemente ante los medios la posibilidad de una subida de los precios de alquiler en la vivienda de protección oficial, el Departamento de Vivienda sí está trabajando en una actualización de los precios de la VPO para vender con el objetivo de adaptar los precios a la realidad de costes que están viviendo promotoras y constructores. Precisamente estos últimos, los constructores, están manteniendo una ronda de consultas con las instituciones públicas para asesorlas y que los precios de la obra civil salgan a licitación con precios acordes a la realidad de costes que vive el sector en Euskadi.