La nueva RGI vasca amplía la protección a familias con menores y pensionistas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión. Este proyecto incorpora "sistemas de tramitación más ágiles", integra el Ingreso Mínimo Vital, atiende a "las nuevas realidades de convivencia" y contempla "mejoras" a hogares con menores de hasta un 40% y con pensionistas de hasta un 17%. Así lo ha explicado la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, que ha apelado a realizar "una rápida tramitación" del texto en el Parlamento vasco.

Este proyecto llega "guiado" por los criterios de Europa y plantea sistemas de tramitación más ágiles y garantistas, para "atender las nuevas realidades de convivencia y proteger mejor allí donde hay menores o donde hay pensionistas". Según Idoia Mendia, la Ley se encuadra en el compromiso del Departamento que dirige por "apostar por una reconstrucción transformadora de Euskadi en todos sus parámetros, necesariamente también en la protección social". El IMV ha tenido gran incidencia en la elaboración de esta nueva norma, y Mendia ha puntualizado que todas las prestaciones serán compatibles entre sí y la RGI tendrá carácter de "subsidiariedad y complementariedad" con el Ingreso Mínimo Vital.

Una madre con un hijo menor. / EP

Novedades de esta RGI

Entre las novedades que se han presentado sobre los menores, se rebaja el requisito de empadronamiento, se eliminan los topes de complementos por hijo o se impide que se retire la totalidad de la prestación cuando haya incumplimiento. En el caso de las mujeres, se elimina un requisito que "les penalizaba especialmente" como es el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones.

También se facilita el acceso a víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual. Se mantiene, asimismo, la prestación "en caso de que la conciliación, que ahora les afecta sobre todo a ellas, les impida atender una oferta de empleo o formación". En el colectivo de jóvenes, se facilita el acceso a partir de los 18 años a todas las posibles situaciones de vulnerabilidad, ya sea por orfandad, matrimonio o hijos.

Para las personas con discapacidad, el proyecto de Ley rebaja la exigencia de empadronamiento a dos años si tienen reconocido un 33%, mientras que para personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la UE, bastará acreditar empadronamiento sin antigüedad. En lo que respecta a las víctimas del terrorismo, se incrementa la prestación para pensionistas, familias monoparentales y con menores a cargo.

Pensionistas Euskadi. / EP

Actualización de las cuantías

Sobre las cuantías, la base se actualizará cada año en los presupuestos y para 2022 sería de 491,63 euros, la fijada para el IMV, a los que se irán añadiendo los distintos complementos en función de los miembros de la familia y de sus circunstancias. Así, según detalla Efe, la ayuda mensual a percibir se incrementa en todos los supuestos y pasan de 727 euros para un adulto solo a 737,45 euros, y para dos adultos de 934 a 983,26 euros.

Con la actual normativa la RGI es de 1.033 euros para unidades convivenciales de uno o dos adultos y de hasta tres menores, situación que se mejora con la nueva norma en función del número de convivientes hasta un máximo de 1.425,72 euros a partir de tres menores. Como novedad, una persona podrá rechazar una oferta de empleo alegando conciliación y seguir percibiendo la RGI.

Los pensionistas también verán aumentada la ayuda: un pensionista recibirá 934,1 euros (835 antes); dos adultos de los cuales uno sea pensionista 1.179,91 euros (antes 1.043) y tres adultos de los que uno sea pensionista 1.327,4 (antes 1.127). En todos los supuestos la prestación se cobrará al mes siguiente de la solicitud y la cuantía se revisará trimestralmente. Además, el proyecto recoge la creación de una unidad de inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones de los beneficiarios y establece un procedimiento sancionador.