El Instituto de Coordenadas previene de que los impuestos a la banca pueden dañar el Tesoro Público

El Instituto Coordenadas ha elaborado un estudio que advierte de que los impuestos a la banca y las empresas energéticas son “dañinos” en un momento de riesgo de recesión para España.

En el actual escenario a corto y medio plazo nada halagüeño para las economías internacionales, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, considera que “el anuncio de tributos o gravámenes como golpes de efectos supone una práctica arbitraria y dañina, y mucho más en momentos como los actuales, en los que hay riesgo elevado de recesión”.

Medidas contraproducentes

Según este organismo, este tipo de medidas inesperadas pueden provocar una destrucción de riqueza superior a la presumible recaudación que generará, incluso aunque se lograran los ambiciosos objetivos de recaudación anunciados por el Gobierno.

También el Instituto de Estudios Económicos (IEE) los considera “exagerados”, como ya ocurrió en su momento con la denominada ‘tasa Tobin’ y los impuestos sobre determinados servicios digitales.

Improvisación

"La modificación apresurada de una imposición de un tributo sobre beneficios a un gravamen sobre ingresos, pero sin disponer de recurso público alguno, indica lo improvisado del asunto. Y culpar de la inflación a los hipotéticos beneficios extraordinarios de los bancos es grotesco”, ha asegurado el vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas.

“Poner en riesgo al Tesoro Público, de verse abocado a devolver a los bancos las cantidades indebidamente exaccionadas, incrementado con los intereses al tipo legal del 3,5%, es entre irresponsable y escalofriante. ¿Quién devolverá ese dinero a los ciudadanos?”, ha preguntado Lambás.

Se avecina una batalla legal

Desde el sector aseguran que la banca puede desplegar mecanismos de protección de sus accionistas, mientras los departamentos jurídicos de los bancos ya están trabajando en ello. En la propuesta presentada por el Gobierno, el impuesto aparece como una “prestación patrimonial de carácter no tributario” sobre los ingresos del margen de intereses y las comisiones, para evitar la doble imposición sobre los beneficios. Una figura que es considerada inconstitucional por una parte de juristas.

Así, expertos de las 11 entidades afectadas --CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Abanca, Cajamar, Kutxabank y la filial española de BNP Paribas-- consideran que el gravamen no podrá implementarse por la cantidad de cuestionamientos técnicos y jurídicos que ha suscitado, aunque dan por hecho que, si no hay marcha atrás, habrá una batalla legal.

Precios al alza

De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que utiliza los datos de la Central de Balances del Banco de España, los resultados empresariales no han recuperado las cifras previas a la pandemia, aunque sí lo han hecho los costes laborales y los impuestos netos de subvenciones. En el anterior análisis, ya se hacía referencia a la caída del Excedente Bruto de Explotación (EBE) que, respecto a 2019, era de unos 100.000 millones de euros menos a cierre de 2021; de unos 65.000 respecto a 2020 y de casi 34.000 en 2021.

"Es fácil inferir que la variable de los resultados empresariales no pueden ser la responsable de los incrementos de los precios, sino, por el contrario, deben ser aquellas variables que sí han sido más dinámicas sobre todo los costes laborales. Así, los costes laborales unitarios explicarían hasta un 83,4% de la variación del deflactor entre 2019 y 2021, mientras que los resultados empresariales apenas explicarían el 11,7%”, señalan desde el Instituto.

Posibles sanciones

Desde la autoridad bancaria europea (EBA), recuerdan una Directiva que entró en vigor el 30 de junio de 2021, donde se indica que la banca está obligada a trasladar a sus clientes todos los costes pertinentes y se reflejarán en los precios de sus préstamos, incluidas “las consideraciones tributarias, cuando procedan”.

En el caso de incumplimiento, la autoridad puede sancionar a las entidades financieras con requerimientos adicionales de capital o también de coeficientes de liquidez, así como sanciones.