Apenas hay medio millar de contribuyentes en juego, pero en tiempos de crisis cualquier cosa suma. Los gobiernos central y vasco se reúnen esta tarde para cerrar uno de los últimos 'debes' del año: la concertación de lo que el Ejecutivo nacional ha venido tildando como impuestos 'de solidaridad'. En realidad, dos prestaciones patrimoniales, pero que se han popularizado como el impuesto de las energéticas y el impuesto 'a los ricos'.

Dos gravámenes que llegan concebidos como tributos temporales -hay fuerzas políticas que quieren que se conviertan en permanentes- y de los que Euskadi podrá percibir su parte. El "convite al pastel" -así se le ha llegado a tildar en los pasillos del Parlamento vasco- está encima de la mesa por parte del Gobierno central, pero está pendiente saber si Lakua acepta la invitación completa o si solo se queda con el impuesto de banca y energéticas. La intención del PNV pasaba por no cobrar, pese a tener competencias para ello, el impuesto a las grandes fortunas, pero la postura del PSE no ha quedado clara.

Así que el acuerdo de la Comisión Mixta que se reúne esta tarde, pese a estar ya cerrado y solo pendiente de anunciarse, tiene la incógnita de ver hasta qué punto se ejecuta. La implicación que sí tendrá clara el pacto será la necesidad de reformar el concierto económico y de pasar por el Parlamento para ser autorizado.

Las nuevas cargas tributarias se conciben de entrada de la siguiente forma:
  • Impuesto sobre las grandes fortunas: Gravará en 2023 y 2024 a las personas que cuenten con un patrimonio de más de 3 millones de euros, con una exención para los primeros 700.000 euros. Contará con las mismas deducciones que el impuesto de Patrimonio. Lo recaudado debe destinarse a "financiar políticas de apoyo a los más vulnerables". En Euskadi afectará solamente a unos 500 vascos que cuentan con bienes por un valor neto superior a los 10,5 millones de euros. Es hasta esa cifra cuando no se diferencia el nuevo tributo de los tipos que ya se aplican en el impuesto de Patrimonio.
  • Impuesto sobre las energéticas: Gravará durante dos años -2023 y 2024-, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España. El gravamen afectará a las energéticas que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal. Afectará a empresas vascas como Iberdrola y Petronor, pese a que el PNV intentó salvar con hasta dos enmiendas distintas a la firma de Josu Jon Imaz sin éxito en el Senado.
  • Impuesto a la banca: Se les gravará un 4,8% del margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. Pero esa carga fiscal tiene, también, una condición previa: que los intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superasen los 800 millones en 2019. Esa condición dirige la mirada hacia Kutxabank y BBVA en Euskadi, dejando fuera a entidades como Laboral Kutxa.