Euskadi y el Gobierno central acuerdan hoy los nuevos impuestos con la duda de las grandes fortunas

Apenas hay medio millar de contribuyentes en juego, pero en tiempos de crisis cualquier cosa suma. Los gobiernos central y vasco se reúnen esta tarde para cerrar uno de los últimos 'debes' del año: la concertación de lo que el Ejecutivo nacional ha venido tildando como impuestos 'de solidaridad'. En realidad, dos prestaciones patrimoniales, pero que se han popularizado como el impuesto de las energéticas y el impuesto 'a los ricos'.

Dos gravámenes que llegan concebidos como tributos temporales -hay fuerzas políticas que quieren que se conviertan en permanentes- y de los que Euskadi podrá percibir su parte. El "convite al pastel" -así se le ha llegado a tildar en los pasillos del Parlamento vasco- está encima de la mesa por parte del Gobierno central, pero está pendiente saber si Lakua acepta la invitación completa o si solo se queda con el impuesto de banca y energéticas. La intención del PNV pasaba por no cobrar, pese a tener competencias para ello, el impuesto a las grandes fortunas, pero la postura del PSE no ha quedado clara.

Así que el acuerdo de la Comisión Mixta que se reúne esta tarde, pese a estar ya cerrado y solo pendiente de anunciarse, tiene la incógnita de ver hasta qué punto se ejecuta. La implicación que sí tendrá clara el pacto será la necesidad de reformar el concierto económico y de pasar por el Parlamento para ser autorizado.

Las nuevas cargas tributarias se conciben de entrada de la siguiente forma:

• Impuesto sobre las grandes fortunas: Gravará en 2023 y 2024 a las personas que cuenten con un patrimonio de más de 3 millones de euros, con una exención para los primeros 700.000 euros. Contará con las mismas deducciones que el impuesto de Patrimonio. Lo recaudado debe destinarse a "financiar políticas de apoyo a los más vulnerables". En Euskadi afectará solamente a unos 500 vascos que cuentan con bienes por un valor neto superior a los 10,5 millones de euros. Es hasta esa cifra cuando no se diferencia el nuevo tributo de los tipos que ya se aplican en el impuesto de Patrimonio.
• Impuesto sobre las energéticas: Gravará durante dos años -2023 y 2024-, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España. El gravamen afectará a las energéticas que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal. Afectará a empresas vascas como Iberdrola y Petronor, pese a que el PNV intentó salvar con hasta dos enmiendas distintas a la firma de Josu Jon Imaz sin éxito en el Senado.
• Impuesto a la banca: Se les gravará un 4,8% del margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. Pero esa carga fiscal tiene, también, una condición previa: que los intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superasen los 800 millones en 2019. Esa condición dirige la mirada hacia Kutxabank y BBVA en Euskadi, dejando fuera a entidades como Laboral Kutxa.