El presupuesto para Lanbide aumenta un 25% desde el inicio de la legislatura

En un año tan positivo con respecto a los datos de empleo, con la tasa de paro más baja desde 2008 con un 7% y un récord de afiliación a la Seguridad Social con más de un millón de personas, el objetivo para 2024 no es sólo consolidar esa posición sino también mejorar la calidad de los puestos de trabajo en Euskadi. Y es con esa doble intención con la que el Gobierno vasco ha presentado unas cuentas que, tal y como destaca la vicelehendakari y consejera de Empleo, Idoia Mendia, buscan “un compromiso de futuro” por parte de todas las “instituciones, agentes sociales, económicos y académicos”, a los que -en su discurso en el VI Congreso de Empleo, que ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao- ha invitado a participar en un Pacto Social por el empleo de calidad, cuyas condiciones han sido definidas de forma detallada en el Libro Blanco.

Teniendo en cuenta que ninguno de los sindicatos nacionalistas, ni ELA ni LAB, se han sentado en la mesa de diálogo social a lo largo de toda la legislatura, las palabras de Mendia tratan de recuperar la cordialidad con el deseo de colaborar en materia de empleo. Por el momento, ya ha presentado la partida presupuestaria asignada al Departamento de Empleo para el próximo año, que contará con 1.177,4 millones de euros, es decir, 68,1 millones más que este año. Un dinero con el que el Ejecutivo tratará de seguir las líneas marcadas en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 acordada por la Mesa de Diálogo Social y el Parlamento.

De los 1.177,4 millones del presupuesto del Departamento, 641 millones se reservarán para prestaciones sociales, lo que supone un esfuerzo extra ya que la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital acaparan un 87,68% del total, con 382 y 180 millones respectivamente. Además, con la aplicación del nuevo índice de revalorización incluido en la ley que el Parlamento vasco aprobó a finales de 2022, la cuantía base de la RGI, que en la actualidad cobran 55.000 personas en Euskadi aproximadamente, se incrementará un 5%, con lo cual pasará de los 533,52 euros actuales a los 560,45 euros. 

Transformación de Lanbide

Además, Lanbide contará con una partida de 1.161,7 millones de euros, es decir, 69,8 millones más, para respaldar su conversión en ente público de derecho privado. Esta cantidad supone un 6,1% más que el presente año y un 25% más que a principios de legislatura. Y es que a las puertas de la inminente aprobación de la Ley Vasca de Empleo, el Servicio Vasco de Empleo pretende erigirse como el principal organismo de gestión del trabajo y la formación para el empleo en todo el territorio en un ambicioso proyecto que requiere de la transformación de este organismo y de la capacitación de sus profesionales para tomar las riendas desde lo público a la gestión del empleo creado por las empresas privadas asentadas en el territorio. 

La Ley Vasca de Empleo tratará de impulsar “la coordinación de agentes en la Red Vasca de Empleo, homogeneizar los instrumentos de gestión y ser eficaces y eficientes en la ejecución de la cartera de servicios de empleo”, ha destacado. En ese sentido, el departamento destinará un total de 306 millones de euros, un 23% más, a los diferentes programas gestionados por el organismo público de empleo.

Así, se pondrá el foco en aquellos colectivos con mayores dificultades para su inserción laboral. En este sentido, el Gobierno vasco ofrecerá ayudas a la contratación de mayores de 50 años con una bolsa de 2,2 millones de euros para incentivar la colocación de 200 personas y promover una cultura en la que la edad no suponga un impedimento para encontrar empleo.

Con respecto a los programas dirigidos a los jóvenes, Lehen Aukera duplicará el año que viene su bolsa y alcanzará los 8,5 millones de euros con el objetivo de incorporar a 800 menores de 30 años al mercado de trabajo.

El presupuesto recoge también más recursos para fomentar la cultura preventiva en Osalan, que dispondrá de 18,2 millones de euros, un 4,2% más, pero que “en términos operativos se traduce en un 8,5% más al poder aprovechar las medidas extraordinarias para evitar contagios por covid en espacios laborales y otros gastos extraordinarios. Además, los distintos planes formativos en prevención de riesgos superarán el medio millón de euros, un 32% más que el presente año.