Tres nuevos edificios adquiridos por 58 millones por el Gobierno vasco para descongestionar la Justicia en Bilbao

La Justicia se encuentra inmersa en pleno proceso de transformación y el Plan de Sedes Judiciales Sostenibles 2022-2030 así lo demuestra. Esta hoja de ruta, elaborada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, establece las principales acciones que se llevarán a cabo en los próximos años en todo Euskadi, pero hace especial hincapié en el distrito judicial de Bilbao, al ser la que “más carencias de espacio presenta”, tal y como señalan desde el departamento liderado por Nerea Melgosa.

De hecho, el último Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, creado en 2021, tuvo que implantarse en las instalaciones de Getxo, pero está previsto que regrese a la capital cuando esté operativo el cuarto palacio de justicia. Para tratar de atajar este apremiante problema de espacio, el Ejecutivo vasco ha buscado posibles nuevas localizaciones, próximas a los juzgados ya existentes, que posibiliten ganar metros cuadrados para acoger todas las vistas y juicios que se celebran a diario en la capital vizcaína. Y con este objetivo ha invertido ya más de 58 millones de euros desde 2021 con la adquisición del edificio que acogió la sede de Telefónica y del que hasta hace poco ocupaba Mapfre, además de hacerse con varias plantas del Edificio Cristal.

Los tres palacios de justicia con los que hasta ahora cuenta la capital vizcaína fueron inaugurados en la década de los noventa, cuando no existían departamentos complementarios como el de justicia restaurativa, asistencia a las víctimas o gestión de penas, que serán algunos de los que se trasladarán a los locales que han sido entre las plantas 4 y 7 del Edificio Cristal, situado en la calle Ibáñez de Bilbao. Por su parte, el edificio de Telefónica, emplazado en la calle Buenos Aires, que fue adquirido por 15 millones en 2022, acogerá la sede del Instituto Vasco de Medicina Legal, cuyas obras comenzarán en 2025. Y en el edificio de Mapfre, cuya compra ascendió a 41 millones de euros, se alojará a finales de 2025, los archivos de Justicia y 24 nuevos juzgados.

De forma complementaria, el traslado de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, actualmente situada en el Palacio de Justicia de Jardines de Albia, al antiguo edificio de la Cámara Urbana de Bilbao, en El Ensanche, que lleva en obras desde 2017, abrirá sus puertas a finales de este año, si no se producen más retrasos.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, durante una intervención en el Parlamento vasco / Legebiltzarra

Tiempo de espera en aumento en asuntos sociales y contencioso-administrativos

Sin embargo, esta inversión en nuevas sedes no garantizará la “descongestión” de los juzgados en Bilbao, tal y como manifiestan a Crónica Vasca diversos trabajadores del área de Justicia, que creen que sería necesario ampliar la plantilla para acelerar realmente los procesos. A falta de conocer los datos de 2023, en 2022 los juzgados vascos acumulaban hasta 8 meses de trabajo en la Jurisdicción Social, 6 meses en la Civil y 3 meses en la Penal. 

Asimismo, el tiempo medio de espera en los procedimientos judiciales en Euskadi fue de 13,5 meses para procesos contencioso-administrativos, frente a los 15,5 meses de la media en España;  de 4 meses, frente a los 6 meses de la media nacional, para asuntos sociales; y de 0,8 meses para recursos y procesos civiles y penales, frente a los 4,2 meses de la media española, según la estimación realizada por el CGPJ.

Pese a estar todos estos datos por debajo de la media nacional, la justicia vasca ha experimentado una acelerada ralentización en los últimos años. Mientras que en 2019, el el Juzgado de lo Social la espera era de 1,2 meses; en 2020, de 1,6; en 2021, de 2,6; en 2022 ascendió hasta 4 meses. En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo pasó de 13,8 meses de espera en 2019; a 14,5 en 2020; subió hasta los 16 en 2021 y se quedó en 15,5 meses en 2022. Al contrario, con respecto a los procesos civiles y penales, la media de 2,4 meses en 2019 ha ido descendiendo progresivamente a 2,2 en 2020; 1,2 en 2021 y 0,8 meses en 2022.

El COVID, las huelgas, la digitalización y el factor humano

Este acusado descenso del ritmo de gestión de los asuntos sociales y contencioso-administrativos, se debe, en opinión de diversos abogados vascos, a un puñado de factores. “El COVID es cierto que hizo que se acumulasen los casos, pero luego, las huelgas que convocaron los distintos gremios de trabajadores de la Justicia obligaron a suspender vistas y no impidieron que siguiesen entrando nuevos casos que se sumaron a los expedientes amontonados a la espera de ser atendidos”, indican. 

Las huelgas que los trabajadores de Justicia convocaron el año pasado han contribuido a aumentar el retraso que existen en los juzgados. EFE

Además, el año pasado, finalizó la implantación del expediente judicial electrónico, que supuso el cambio a una nueva plataforma denominada Avantius, que ha dificultado y hecho “aún más laboriosos” los trámites administrativos que conlleva cada caso, lo cual tampoco contribuye a agilizar el sistema, advierten. En este sector, la digitalización aún no se ha completado al 100%, aseguran, sino que simplemente se ha traducido en una duplicación del trabajo. “Por un lado, debemos introducir todos los datos y anexos en formato digital, pero aparte, debemos fotocopiar todo y hacer copias para presentar a todas las partes”, critican.

Aun con todo, puntualizan que no todos los juzgados son iguales ni todos acumulan los mismos retrasos. ¿A qué se deben estas diferencias entre unos y otros entonces? “No hay que olvidar que para que un juzgado funcione son necesarias las personas. Y son las personas que trabajan allí las que hacen que todo funcione o no. Es decir, todo depende de las personas que están al frente de cada juzgado y de sus ritmos de trabajo”, explican. Es lo que popularmente se conoce como el ‘factor humano’.

Por eso, consideran necesaria la creación de nuevos juzgados y la incorporación de más personal que ayude a repartir la carga de trabajo y puedan así celebrarse más vistas cada día. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), han indicado a Crónica Vasca que el año pasado se sumaron 150 personas más y la plantilla en estos momentos ronda los 2.400 trabajadores, pero que, de momento, no tienen previsto realizar una nueva ampliación.